Una estafa inmobiliaria de gran escala conmociona a la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, tras la detención de Maité Reina del Portugal Escudero, acusada de vender más de 50 terrenos municipales como si fueran de su propiedad. El caso, que afecta a más de 30 familias y ha generado millonarias pérdidas, fue descubierto cuando maquinaria oficial ingresó al predio para iniciar la construcción de viviendas sociales y se encontró con ocupantes que aseguraban haber adquirido legítimamente los lotes.

La investigación, encabezada por el fiscal Leandro Estrada, reveló que Escudero habría simulado trámites de posesión veinteañal y entregado documentos de cesión de derechos posesorios a los compradores, quienes pagaron entre 2 y 15 millones de pesos por cada parcela. Algunos afectados incluso entregaron vehículos como parte de pago y ya habían comenzado obras en los terrenos. "Esto es precautorio para que no pueda entorpecer la investigación que está llevando el fiscal", explicó el abogado municipal Mauro Sabattini sobre la detención de la acusada.

El terreno en cuestión, de unas 12 a 16 manzanas, había sido cedido al Estado provincial en 2025 para la construcción de 300 viviendas sociales. La maniobra fraudulenta salió a la luz cuando la Municipalidad de Villa Mercedes presentó la denuncia ante la Justicia el 2 de marzo, tras detectar la presencia de ocupantes y documentos irregulares.

Durante la audiencia judicial, la jueza Natalia Pereyra Cardini concedió una prórroga de detención y se evalúa la prisión preventiva de Escudero, ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La fiscalía y la querella consideran que podría haber más personas involucradas y no descartan delitos adicionales como asociación ilícita y estafa procesal.

El municipio y la provincia han negado haber recibido consultas previas de los compradores y recomiendan asesoramiento legal antes de adquirir inmuebles. Mientras tanto, el plan de viviendas sociales permanece paralizado, y los damnificados reclaman soluciones y mayor claridad sobre la titularidad de los terrenos. El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes buscan acceder a una vivienda y la necesidad de controles más estrictos en las operaciones inmobiliarias.