El presidente Javier Milei, acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, presentó este jueves en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza un ambicioso proyecto de reforma integral del Código Penal. La iniciativa, que propone endurecer las penas para la mayoría de los delitos y eliminar la prescripción para los más graves, se da en un contexto de fuerte tensión política y mediática, marcado por el escándalo que involucra al candidato oficialista José Luis Espert por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante el acto, Milei defendió la necesidad de una reforma profunda del sistema penal argentino, argumentando que “el orden es una precondición para el desarrollo” y que la sociedad demanda “tolerancia cero” frente al delito. El mandatario criticó el “garantismo” judicial de las últimas décadas y sostuvo que el nuevo Código busca “defender a las víctimas y no a los delincuentes”. Entre los principales cambios, se destaca la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, el aumento de penas para delitos como homicidio, narcotráfico y corrupción, y la incorporación de nuevos tipos penales, como delitos informáticos y ambientales.

Bullrich, por su parte, subrayó que el 82% de los delitos previstos en el nuevo Código serán de cumplimiento efectivo y que se eliminarán beneficios para reincidentes y condenados por delitos graves. “La sociedad me pidió terminar con el flagelo de la inseguridad”, afirmó la ministra, quien también exigió explicaciones públicas a Espert sobre la transferencia de 200 mil dólares de parte de un narcotraficante condenado.

El acto estuvo atravesado por la crisis interna en La Libertad Avanza, con versiones cruzadas y falta de una estrategia clara respecto a la situación de Espert. Mientras algunos funcionarios reclamaban su renuncia, Milei optó por respaldarlo públicamente, calificando las denuncias como “chimentos de peluquería”. La oposición y sectores críticos dentro del oficialismo aprovecharon la situación para cuestionar la coherencia y transparencia del gobierno.

La reforma del Código Penal, que unifica más de mil leyes y amplía el texto de 316 a 920 artículos, deberá ser debatida en el Congreso, donde el oficialismo enfrenta un escenario adverso tras recientes derrotas legislativas. Especialistas y organismos de derechos humanos han manifestado reparos sobre la baja de la edad de imputabilidad y el endurecimiento generalizado de penas, advirtiendo sobre posibles efectos negativos en la justicia penal y la protección de derechos fundamentales. El debate promete ser intenso y marcará la agenda política en las próximas semanas.