Una denuncia penal presentada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7 de Comodoro Py involucra a tres ministros del gobierno de Javier Milei: Manuel Adorni, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. La acusación, impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, sostiene que los funcionarios desviaron $400.000 millones del impuesto a los combustibles, fondos que por ley debían destinarse al mantenimiento y mejora de la red vial federal.

Según la denuncia, los recursos fueron utilizados para la compra de títulos públicos y el financiamiento del Tesoro, dejando a Vialidad Nacional con una deuda interna equivalente al 90% de su presupuesto anual. Esta situación habría provocado la paralización de obras estratégicas, la interrupción de contratos con financiamiento internacional y un grave deterioro de las rutas nacionales, especialmente en provincias como Entre Ríos y Buenos Aires.

El texto judicial también acusa a Federico Sturzenegger de falsear informes de gestión para justificar el achicamiento institucional de Vialidad y la reducción de personal técnico. Se denuncian traslados compulsivos, ceses sin sumario previo y un clima de hostigamiento laboral destinado a frenar denuncias internas sobre malversación y abandono de rutas.

En paralelo, sindicatos y organizaciones de usuarios viales han realizado protestas en distintos puntos del país, con epicentro en la Ruta 33, a la altura de General Villegas. Graciela Aleñá, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales, afirmó: "El gobierno está desguazando y entregando rutas para privatizarlas. Eso causa más peligros y accidentes". Ricardo Lasca, del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, advirtió que seguirán de cerca la causa y buscarán aportar información a la Justicia.

El conflicto se da en el marco de un proceso de ajuste y reducción del Estado impulsado por el gobierno nacional, que ha generado preocupación en el Congreso y entre los usuarios viales. La denuncia pone en primer plano el debate sobre el uso de fondos públicos y el estado de la infraestructura vial, mientras la investigación judicial avanza y se esperan definiciones sobre el futuro de Vialidad Nacional.