El conflicto salarial en la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo punto de tensión con el anuncio de un paro general de estatales, docentes y judiciales para el lunes 2 de marzo. La medida, que afectará el inicio de clases y el funcionamiento de servicios públicos, responde al rechazo de los gremios a la última oferta de aumento salarial del 3% presentada por el gobierno de Axel Kicillof, considerada insuficiente frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

La administración bonaerense, en un intento por evitar una mayor escalada del conflicto, convocó a los gremios a una nueva reunión paritaria el miércoles 4 de marzo. Sin embargo, la presión sindical se mantiene, con movilizaciones previstas en el Cabildo y una marcha al Congreso para exigir la restitución del Fondo de Incentivo Docente, el aumento del presupuesto educativo y una mejora salarial acorde a la inflación.

El gobierno provincial decidió liquidar un 1,5% retroactivo con los sueldos de febrero, pero los sindicatos lo consideran insuficiente y reclaman una propuesta superadora. El calendario de liquidación salarial, que inicia el 13 de marzo, agrega urgencia a las negociaciones, ya que cualquier acuerdo debe cerrarse antes de esa fecha para impactar en los haberes del mes.

El paro cuenta con la adhesión de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y el Frente Gremial Docente, quienes responsabilizan al gobierno nacional por la depreciación salarial y los recortes de fondos federales. "El Gobierno nacional viene aplicando tarifazos que impactan sobre el salario y también asfixia a los bonaerenses al quitarle 22 billones de pesos de fondos que debe girarle a la Provincia", señalaron desde ATE.

En paralelo, fiscales de primera instancia del Ministerio Público bonaerense sumaron su reclamo por una urgente recomposición salarial y mejores condiciones laborales, argumentando que la crisis ya afecta la calidad del servicio de justicia. La brecha salarial entre sectores estatales y las diferencias territoriales en la carga laboral generan debates internos y sociales sobre la equidad en el empleo público.

El conflicto se desarrolla en un contexto de crisis económica nacional, ajuste y tarifazos, que han incrementado el costo de los servicios públicos y erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores. El gobierno bonaerense enfrenta el desafío de alcanzar un acuerdo antes del 13 de marzo para evitar una profundización de la protesta y garantizar el normal funcionamiento de la administración pública y el sistema educativo.