Tras una semana de intensa búsqueda, la Prefectura Naval Argentina dio por finalizado el operativo para hallar a Juan Carlos Gutiérrez, el marinero de 46 años que desapareció el 30 de junio tras caer al mar desde el buque congelador Luca Mario, mientras pescaba frente a la costa de Santa Cruz. El operativo, que incluyó la participación de cinco buques y un avión de exploración, abarcó más de 17.000 kilómetros cuadrados en aguas del Mar Argentino, pero no logró dar con el paradero del trabajador.

El accidente ocurrió durante un fuerte temporal, cuando tres tripulantes fueron arrastrados al agua durante maniobras en cubierta. Dos de ellos lograron ser rescatados, pero Gutiérrez, oriundo de Empedrado, Corrientes, no pudo aferrarse y fue llevado por la corriente. El capitán del barco activó el protocolo de “hombre al agua”, lo que dio inicio inmediato al operativo de búsqueda y rescate, que se extendió durante siete días conforme a los protocolos internacionales.

Concluida la búsqueda activa, el buque Luca Mario emprendió el regreso a Mar del Plata, donde la tripulación deberá prestar declaración ante la Justicia. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, que investiga las circunstancias del accidente y posibles responsabilidades. La Prefectura Naval continuará con pericias y tomará testimonios para reconstruir los hechos previos a la desaparición.

La familia de Gutiérrez, acompañada por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), reclama respuestas y cuestiona la comunicación de la empresa Solimeno, propietaria del buque. María Luisa Torres, esposa del marinero, manifestó: “Hasta el día de hoy sigo sin entender por qué mi esposo no está. No tengo un cuerpo, no tengo nada para decir qué pasó con él”. Además, denunció que se enteró del accidente por terceros y no por la empresa.

El caso reavivó el debate sobre las condiciones laborales y los protocolos de seguridad en la pesca de altura. La comunidad marítima y los familiares exigen esclarecer el hecho y restablecer la búsqueda, mientras la investigación judicial sigue su curso. El desenlace mantiene en vilo a la familia y al sector pesquero, a la espera de respuestas y eventuales implicancias legales.