Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) incorporado a la causa judicial contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio reveló que la modelo y conductora recibió casi 700 mil dólares y más de 70 millones de pesos de empresas vinculadas al juego y al fitness. Según el documento, Cirio percibió 693.000 dólares de la firma Zumba Fitness LLC, con sede en Miami, entre 2016 y 2023, y alrededor de 71 millones de pesos de tres empresas nacionales del sector del juego entre 2021 y 2023. Las compañías involucradas son Desarrollos Turísticos Victoria S.A., Casino de Victoria S.A.—ambas pertenecientes al empresario Daniel Mautone—y el Hipódromo Argentino de Palermo. Los pagos se realizaron mediante facturas mensuales y transferencias bancarias registradas.

La investigación, que también involucra al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, busca determinar si estos ingresos corresponden a servicios comerciales legítimos o si podrían tratarse de retornos encubiertos destinados al exfuncionario. Cirio fue considerada Persona Expuesta Políticamente (PEP) por su vínculo matrimonial con Insaurralde, lo que implica controles adicionales sobre sus movimientos patrimoniales.

En el marco de la causa, la Justicia allanó propiedades de Cirio para secuestrar documentación y rastrear el origen de los fondos, además de analizar la adquisición de inmuebles y bienes personales. Cirio entregó su teléfono celular y claves de acceso a Gendarmería, que actualmente perita el dispositivo. Esta medida se tomó luego de la difusión de videos en los que se la observa mostrando fajos de dólares en su vestidor.

El fiscal Sergio Mola solicitó la detención y el llamado a indagatoria de Cirio e Insaurralde por riesgo de entorpecimiento de la investigación, pero el juez Luis Armella rechazó el pedido y dispuso la prohibición de salida del país para ambos. Se espera un informe contable de peritos de la Corte para definir si serán citados como imputados.

El caso ha generado repercusiones en el ámbito político y mediático, con la ONG Poder Ciudadano y el abogado Tomás Brady señalando que los pagos recibidos por Cirio podrían ser "una buena pista para investigar si se trata de supuestos sobornos encubiertos". Por su parte, Cirio afirmó públicamente que "trabajo desde los 18 años en la actividad privada" y que todos sus ingresos están declarados ante el organismo recaudador. El expediente pone nuevamente bajo la lupa los vínculos entre el dinero del juego, la política y el control patrimonial de figuras públicas en Argentina.