El proceso judicial por la muerte de Jorge Francisco Cortez en Ullum, San Juan, ocurrido en diciembre de 2020, se acerca a su desenlace tras casi seis años de investigación y debate. Esther del Valle Villalobos Rodríguez, expareja de la víctima, admitió haberlo apuñalado durante una discusión y aceptó una condena de tres años de prisión condicional, lo que implica que no irá a la cárcel si el acuerdo es homologado por el juez Juan Bautista Bueno el próximo 4 de marzo.

Según la reconstrucción de los hechos, la madrugada del 12 de diciembre de 2020, la pareja regresó a su vivienda tras compartir una salida con familiares. En ese contexto, surgieron reproches y tensiones vinculadas a celos, consumo de alcohol y conflictos previos, que derivaron en una pelea. Durante el forcejeo, Villalobos tomó un cuchillo y asestó una puñalada a Cortez, quien falleció poco después en el hospital debido a la herida.

Durante la instrucción, Villalobos declaró haber sido víctima de violencia de género y que actuó bajo un estado de emoción violenta, figura legal que puede atenuar la pena si se comprueba una alteración emocional intensa provocada por la conducta de la otra persona. La defensa y la Fiscalía acordaron la calificación de homicidio en estado de emoción violenta y presentaron el acuerdo de juicio abreviado ante el tribunal.

Sin embargo, la familia de la víctima y el abogado querellante se opusieron al acuerdo, argumentando que no se consideraron todos los testimonios y que la pena resulta insuficiente para la gravedad del hecho. "Sentimos que la vida de mi hermano valió muy poco para la Justicia", expresó Juana Cortez, hermana de la víctima, quien también denunció que los testimonios ofrecidos por la familia no fueron incorporados al expediente.

El caso ha reabierto el debate en San Juan sobre la aplicación de atenuantes como la emoción violenta y la violencia de género en casos de homicidio, y se compara con otros antecedentes provinciales donde las penas han sido más severas o se han descartado atenuantes. La decisión final del juez, prevista para el 4 de marzo, podría sentar un precedente en la interpretación de estos delitos en la provincia.