El Gobierno nacional ha puesto en marcha un nuevo sistema de acreditación para los Institutos de Formación Docente (IFD) en Argentina, en un intento por revertir la crisis educativa y mejorar la calidad de la formación de los futuros maestros. La iniciativa, aprobada en 2024 por el Consejo Federal de Educación, establece que todos los profesorados del país deberán someterse a un proceso de evaluación cada seis años, con el objetivo de garantizar estándares más exigentes y transparentes.

El proceso comenzará este año con la evaluación de 300 institutos, de los más de 1.300 existentes en el país. De estos, 150 ingresarán directamente al proceso de acreditación y otros 150 iniciarán la etapa de autoevaluación institucional. El mecanismo, similar al utilizado en la evaluación universitaria por la CONEAU, contempla una autoevaluación interna, una evaluación externa y la elaboración de recomendaciones para la mejora de cada institución.

Según fuentes oficiales, los institutos podrán recibir una acreditación total por seis años o parcial por tres años, dependiendo de los resultados obtenidos. En caso de acreditación parcial, se indicarán las falencias detectadas y las acciones necesarias para corregirlas. Si un instituto no logra superar el proceso de evaluación, podría perder la validez nacional de las carreras que ofrece e incluso enfrentar el cierre.

La reforma también incluye una actualización de los lineamientos curriculares de las carreras de profesorado, que no se revisaban desde 2007. Entre los cambios se encuentran la reducción de la carga horaria y la incorporación de componentes de educación a distancia, con el fin de adecuar la oferta formativa a las necesidades del sistema escolar obligatorio, especialmente en áreas con escasez de docentes como ciencias e idiomas.

En paralelo, el Gobierno ha modificado el esquema de formación continua para docentes en ejercicio, cancelando convenios previos de capacitación masiva y priorizando instancias de formación vinculadas a las necesidades concretas de las escuelas. Un ejemplo de esto son los "ateneos didácticos", espacios de capacitación relacionados con la práctica cotidiana de los docentes, que cuentan con un presupuesto de 15.000 millones de pesos para 2024.

La medida ha generado diversas reacciones. Mientras el Gobierno sostiene que la iniciativa busca mejorar la calidad educativa y optimizar el uso de recursos, algunos gremios docentes han manifestado su oposición. Sin embargo, la resolución fue aprobada por consenso en el Consejo Federal de Educación, lo que refleja un acuerdo mayoritario entre las provincias.

El nuevo sistema de acreditación y las reformas asociadas forman parte de una estrategia integral que incluye la ampliación de operativos de evaluación educativa y el fortalecimiento de la base nacional de datos escolares. El objetivo final es mejorar la calidad de la enseñanza y responder a las demandas del sistema educativo argentino en un contexto de restricciones presupuestarias y necesidad de resultados concretos.