En un operativo de gran envergadura, la Policía Federal Argentina (PFA) logró desarticular una organización criminal dedicada al robo y venta de datos personales provenientes de organismos públicos y privados. La red, que operaba a través de plataformas digitales como Telegram, accedía a bases de datos sensibles, incluyendo las del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el PAMI, el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y la aplicación Mi Argentina.

La investigación, iniciada en octubre de 2025 bajo la dirección del fiscal federal Ramiro González, permitió identificar a los integrantes de la red y sus métodos de operación. Según las autoridades, los hackers utilizaban herramientas automatizadas para acceder a la información, que luego era comercializada en el mercado negro. Los datos eran empleados para cometer delitos como estafas, extorsiones y suplantación de identidad.

El juez federal Sebastián Ramos ordenó 11 allanamientos simultáneos en distintas localidades del país, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Chaco, San Juan, La Rioja y Entre Ríos. En los operativos participaron 128 efectivos de la PFA, quienes lograron detener a siete personas, entre ellas un menor de edad. Además, se secuestraron dispositivos electrónicos, tarjetas de débito, documentación y otros elementos relevantes para la causa.

Las investigaciones también revelaron que la red utilizaba billeteras virtuales y plataformas de criptoactivos para ocultar el origen del dinero obtenido de manera ilícita. Algunos de los detenidos actuaban como "mulas digitales", facilitando el movimiento de fondos entre cuentas para dificultar su rastreo.

Este caso tiene conexiones con una organización transnacional conocida como "Dictadores", desarticulada en 2025. Según el Ministerio de Seguridad, varios de los detenidos formaban parte de esta red internacional de ciberdelincuentes.

El operativo ha sido calificado como un paso significativo en la lucha contra el cibercrimen en Argentina. Sin embargo, expertos en seguridad informática advierten sobre la necesidad de reforzar los sistemas de protección de datos en los organismos públicos para prevenir futuros incidentes. Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las filtraciones y posibles nuevos implicados.