"Sed" de delito. Allanaron "plantas" de envasado de agua potable que operaban de manera ilegal
🚨 Desmantelan tres plantas clandestinas de envasado de agua en el sur del conurbano bonaerense. Incautaron 600 bidones y clausuraron maquinaria por falta de higiene y contaminación. Tres personas imputadas. #Seguridad #Salud



La Policía Federal Argentina desmanteló tres plantas clandestinas de envasado de agua que operaban en domicilios particulares de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría, en el sur del conurbano bonaerense. El operativo, realizado tras una serie de denuncias anónimas, permitió la clausura de la maquinaria utilizada, la incautación de 600 bidones plásticos de 20 litros —de los cuales 100 estaban llenos—, así como la imputación de dos hombres de 62 años y una mujer de 39 por infracción al Código Alimentario Argentino y por estafa.
Según informaron fuentes policiales y judiciales, las plantas funcionaban sin habilitación ni documentación requerida, y presentaban una notoria falta de limpieza e higiene. Técnicos especializados del Departamento Delitos Ambientales de la PFA tomaron muestras al azar para realizar análisis químicos y bromatológicos, con el objetivo de determinar la potabilidad del agua y las condiciones sanitarias de los espacios. Los resultados preliminares confirmaron que las instalaciones no cumplían con las normativas vigentes.
Además, se detectó que las plantas arrojaban sustancias químicas a la vía pública, lo que representaba un riesgo directo para la salud de los vecinos y agravaba la situación desde el punto de vista ambiental. El juez federal Luis Antonio Armella, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, ordenó la clausura inmediata de las plantas y la inutilización de la maquinaria.
La investigación, que comenzó a partir de denuncias anónimas, puso en evidencia la existencia de un circuito ilegal de producción y distribución de agua envasada en la región. Las autoridades subrayaron la importancia de reforzar los controles sobre la producción y comercialización de alimentos y bebidas para evitar riesgos sanitarios y proteger a los consumidores. El caso se encuentra ahora en manos de la justicia, que deberá determinar las responsabilidades penales de los imputados y el destino de los bienes incautados.
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