El Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario dictó este viernes duras condenas contra los seis integrantes de una banda de secuestradores que operó entre 2021 y 2023 en Rosario, Villa Ramallo y San Nicolás. Claudio Daniel Coto, señalado como el jefe ideológico, recibió una pena de 19 años y 6 meses de prisión, mientras que Néstor Santabaya, considerado jefe operativo, fue condenado a 17 años y medio. El resto de los miembros, entre ellos Emiliano Mario Andrés Acuña, Sebastián Ezequiel Pugliese, Silvia Beatriz López y Nicolás Santabaya, recibieron penas de entre 5 y 15 años, de acuerdo a su grado de participación en los hechos.

La organización criminal se caracterizaba por su alto nivel de planificación y logística, similar a la de una "fuerza de seguridad paralela". Seleccionaban víctimas de alto perfil patrimonial, alquilaban casas para el cautiverio, utilizaban vehículos con patentes cambiadas, teléfonos analógicos para evitar rastreos y hasta distorsionadores de voz. "No se trata de hechos aislados, estamos frente a una organización criminal jerarquizada y persistente en el tiempo", afirmó el fiscal general Federico Reynares Solari durante el juicio.

El primer secuestro relevante ocurrió en enero de 2023 en Villa Ramallo, donde la víctima, hijo de un empresario, fue interceptada en un falso operativo policial y liberada tras el pago de 580 mil dólares, aunque inicialmente se exigió un millón. En octubre de 2023, la banda intentó secuestrar a la esposa y al hijo de un empresario farmacéutico en Rosario; el primer intento falló, pero cinco días después lograron capturarlos y trasladarlos a San Nicolás, donde exigieron un rescate de 3 millones de dólares. Finalmente, las víctimas fueron liberadas ilesas sin que se pagara el rescate.

La investigación, coordinada por fiscales de Rosario y Buenos Aires y con la colaboración del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal, incluyó escuchas telefónicas, pericias técnicas y testimonios de las víctimas. Además, se atribuye a la banda un robo millonario a una financiera en la Ciudad de Buenos Aires.

El fallo fue recibido como un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región. Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración interjurisdiccional y la sofisticación de la investigación, que permitió desarticular una estructura criminal persistente y peligrosa. Se espera que estas condenas sirvan como precedente para futuros casos de secuestros extorsivos y delitos complejos en el país.