La investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha sacado a la luz un entramado de corrupción que involucra el desvío de fondos públicos, lavado de dinero y direccionamiento de compras. Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, Sergio Daniel Mastropietro, empresario de la aviación y socio de Fred Machado, desempeñó un papel clave en la administración y posible legitimación de sumas millonarias obtenidas por el grupo liderado por Miguel Ángel Calvete, operador paraestatal dentro del organismo.

La evidencia más contundente sobre la participación financiera de Mastropietro provino de su vínculo con Baires Fly S.A., empresa de aviación privada. El 10 de septiembre de 2025, Calvete envió a Mastropietro archivos con transferencias bancarias que totalizaban cientos de millones de pesos hacia la cuenta de esa firma, provenientes de droguerías favorecidas por licitaciones del área de Discapacidad. Posteriormente, Mastropietro emitió facturas por montos idénticos a las mismas droguerías, bajo el concepto de "compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa", una descripción que la fiscalía consideró funcional para disimular el origen y destino del dinero.

El circuito de fondos se apoyaba en licitaciones direccionadas y sobreprecios en medicamentos e insumos de alto costo, financiados por el programa federal “Incluir Salud”. Un reducido grupo de droguerías concentró más del 93% de las órdenes de compra, por montos superiores a los 30.000 millones de pesos. Parte de ese dinero regresaba a los funcionarios responsables de las contrataciones y otra parte era canalizada mediante triangulación y facturación, con la intervención de Mastropietro y otros socios.

La investigación también reveló la creación de empresas por Mastropietro junto a funcionarios de ANDIS, lo que reforzó la hipótesis de un entramado societario coordinado para canalizar fondos. Durante los allanamientos realizados el 9 de octubre de 2025, se evidenciaron intentos de reubicar recursos ilícitos ante la irrupción judicial, mostrando la reacción interna del grupo y el rol asignado a cada integrante.

El Ministerio de Seguridad aportó información de inteligencia sobre los vínculos empresariales y domicilios compartidos entre Mastropietro y Fred Machado, consolidando la sospecha de una estructura destinada al lavado de activos. El allanamiento del domicilio de Mastropietro en San Isidro tuvo como objetivo secuestrar documentación relevante y dispositivos electrónicos que permitan esclarecer el destino final de los fondos y la estructura de lavado.

La fiscalía sostiene que el rol de Mastropietro fue central en el circuito económico que permitió convertir fondos públicos desviados en activos con apariencia legítima. El caso sigue en investigación y podría tener implicaciones significativas para la gestión de fondos públicos y la transparencia en organismos estatales.