El escándalo que rodea a la jueza Julieta Makintach ha sacudido al sistema judicial bonaerense, tras la nulidad del juicio por la muerte de Diego Maradona. Makintach, protagonista del documental "Justicia Divina", enfrenta un jury por presunto mal desempeño, mientras la investigación penal avanza en San Isidro.

Chats revelados recientemente muestran a Makintach intentando coordinar con sus colegas del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, para evitar la nulidad del juicio y defender la continuidad del proceso. "Nos están coaccionando para que nos apartemos del juicio, buscan anularlo a cualquier precio", escribió la jueza en uno de los mensajes. Sin embargo, sus colegas se distanciaron, alegando motivos personales y laborales, y Savarino la acusó públicamente de manipulación y engaño.

En el jury, Gianinna Maradona, hija del astro futbolístico, declaró entre lágrimas que Makintach le aseguró que no existía ningún documental sobre el juicio. "Me lo juró por sus hijos", afirmó Gianinna, quien expresó el dolor de la familia por la nulidad del proceso y la falta de justicia para su padre.

Makintach, por su parte, sostiene que no cometió ningún delito y que la filmación fue autorizada por sus colegas, negando cualquier irregularidad. "No hay documental del juicio porque filmaron solo el inicio y después nunca más nada", explicó en una entrevista. La jueza presentó su renuncia, pero el gobernador Axel Kicillof decidió que el proceso legal siga su curso.

Mientras tanto, la justicia ordinaria de San Isidro mantiene abierta una causa penal contra Makintach por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y otros delitos relacionados con la filmación del documental. El veredicto sobre su destitución se espera en los próximos días, en medio de un clima de tensión y repercusiones en el ámbito judicial y mediático.

El caso ha puesto en debate la transparencia y el funcionamiento de la justicia bonaerense, con actores enfrentados y una familia que reclama verdad y justicia. Las implicaciones futuras podrían afectar la confianza en el sistema judicial y la resolución de casos de alto perfil.