El Gobierno nacional resolvió no autorizar la toma de nueva deuda para la provincia de Buenos Aires, permitiendo únicamente el refinanciamiento de pasivos ya existentes. La decisión, confirmada por fuentes oficiales, se fundamenta en el supuesto incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal por parte de la administración de Axel Kicillof, que habría incrementado el gasto corriente por encima de la inflación.

La Legislatura bonaerense había aprobado recientemente la posibilidad de endeudarse por hasta 3.685 millones de dólares, incluyendo la emisión de Letras del Tesoro y otros instrumentos. Sin embargo, la autorización final depende del aval nacional, que en este caso solo permitirá el "rollover" de deuda, es decir, la renovación de vencimientos sin aumentar el pasivo total.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que "Buenos Aires no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal, por lo tanto, técnicamente, la deuda nueva no debería estar sujeta a aprobación". El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reforzó esta postura al señalar que el Consejo de Mayo propuso que las provincias con déficit primario no puedan solicitar endeudamiento, salvo para refinanciar deuda o en casos de riesgo crediticio superior al de la Nación.

Desde la provincia de Buenos Aires, funcionarios insisten en que la solicitud de endeudamiento es exclusivamente para refinanciar compromisos previos y no para obtener recursos frescos. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, solicitó un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, para reclamar fondos y reactivar obras paralizadas, aunque hasta el momento no hubo avances concretos.

El contexto político agrega tensión al conflicto: Buenos Aires es una de las pocas provincias que no firmó el Pacto de Mayo ni participó en las últimas reuniones con gobernadores en Casa Rosada. Mientras tanto, otras jurisdicciones como CABA, Córdoba y Santa Fe sí recibieron autorización para tomar deuda en el mercado internacional.

La controversia pone de manifiesto las diferencias de criterio y la disputa política entre el gobierno nacional y la administración bonaerense, en un escenario donde la disciplina fiscal y el acceso al financiamiento se convierten en ejes centrales del debate federal.