Un fallo judicial en Bariloche ordenó a Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y a la concesionaria Automotores Fiorasi y Corradi S.A. entregar una camioneta y pagar una indemnización de 13,5 millones de pesos a un cliente que nunca recibió el vehículo prometido tras cancelar anticipadamente un plan de ahorro. El damnificado, un maestro mayor de obras, había vendido su Ford Ranger, herramienta clave para su trabajo, con la expectativa de acceder a una Volkswagen Saveiro de versión superior, tal como le aseguraron en la concesionaria. Sin embargo, tras la cancelación del plan, comenzaron las dilaciones, pedidos de pagos adicionales y excusas que impidieron la entrega del rodado.

El cliente realizó reclamos ante Defensa del Consumidor, donde obtuvo una resolución favorable que tampoco logró la entrega efectiva. Ante la persistencia del incumplimiento, promovió una demanda civil. El juez consideró probado que el plan estaba cancelado y la adjudicación efectuada, pero destacó que las empresas no cumplieron con su deber de información clara y detallada sobre montos, pasos para el cambio de modelo y condiciones finales de entrega. "La falta de precisión y respaldo documental jugó en contra de las empresas", señala la sentencia.

La Justicia ordenó la entrega del vehículo prometido, o uno de similares características si el modelo ya no se comercializa, y el pago de 13,5 millones de pesos en concepto de daño moral, privación de uso y daño punitivo. Para calcular el daño moral, el juez tuvo en cuenta la frustración prolongada, el impacto emocional certificado mediante pericia psicológica y la interferencia directa en la actividad profesional del hombre, quien quedó sin vehículo de trabajo durante meses.

El fallo de primera instancia aún no está firme, ya que las empresas pueden apelar. Sin embargo, marca un precedente importante sobre la protección de derechos del consumidor y el deber de las empresas de brindar información transparente y cumplir con lo prometido. El caso se suma a otros fallos recientes en el país que refuerzan la obligación de las automotrices y concesionarias de respetar los derechos de los consumidores.