El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei y con la coordinación estratégica de su hermana Karina Milei, impulsa una profunda reforma electoral que busca eliminar las PASO y reinstaurar el sistema de listas colectoras. La iniciativa, que se encuentra en etapa de negociaciones con gobernadores y aliados parlamentarios, apunta a modificar el esquema de competencia interna y facilitar la reelección presidencial en 2027.

Según fuentes oficiales, la propuesta permitiría que distintos espacios aliados presenten listas propias para diputados nacionales, pero todas adheridas a la candidatura presidencial de Milei. Esta estrategia, inspirada en el antiguo sistema de colectoras eliminado en 2019, busca asegurar el triunfo en la categoría presidencial y ceder margen en las listas legislativas a los aliados provinciales. "Vamos a un sistema que elimine la primaria, pero que sirva a los radicales y a los gobernadores para poner sus diputados", señalaron allegados a Karina Milei.

El nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, ha intensificado las reuniones con mandatarios provinciales para sumar respaldo a la reforma. El Gobierno justifica la eliminación de las PASO en el ahorro de US$300 millones y la simplificación del calendario electoral, aunque la oposición sostiene que el verdadero objetivo es fragmentar a sus fuerzas y dificultar la competencia interna.

Desde la oposición, figuras como Victoria Tolosa Paz y Agustín Rossi han calificado la propuesta como una "trampa electoral" y un retroceso en la calidad democrática. "El Gobierno va a tratar de eliminar las PASO porque no quieren que sea utilizada para ordenar las posiciones diferentes que tenemos dentro del peronismo", afirmó Tolosa Paz. Por su parte, algunos gobernadores mantienen cautela y esperan conocer el texto definitivo antes de fijar posición, mientras otros consideran inviable la reinstauración de las colectoras.

El debate se desarrolla en un contexto de negociaciones más amplias, donde los reclamos provinciales por fondos y obras también forman parte de la agenda. El oficialismo aspira a aprobar la reforma antes de septiembre, para definir acuerdos territoriales de cara a las elecciones de 2027. El desenlace de estas negociaciones será clave para el futuro del sistema electoral argentino y la dinámica política de los próximos años.