El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, enfrenta crecientes dificultades para avanzar con su proyecto de reforma electoral que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa, enviada recientemente al Congreso, ha generado un fuerte rechazo tanto en la oposición como entre varios gobernadores, incluidos algunos aliados del oficialismo.

La propuesta oficialista no solo contempla la eliminación de las PASO, sino también cambios en el financiamiento de los partidos políticos, la suspensión de la elección directa de parlamentarios del Mercosur y la implementación de la llamada "ficha limpia". Sin embargo, la falta de consenso ha frenado el avance del proyecto en el Senado, donde el Gobierno no cuenta con los votos necesarios para su aprobación.

En este contexto, Karina Milei y Diego Santilli han iniciado una ronda de negociaciones con gobernadores de distintas provincias. Entre los mandatarios provinciales, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) se han manifestado en contra de la eliminación total de las PASO, proponiendo en cambio que sean optativas o que el financiamiento recaiga exclusivamente en los partidos políticos. El PRO, por su parte, ha sugerido mantener las primarias solo cuando haya más de una lista, mientras que la UCR, actor clave en el Congreso, exige preservar la participación ciudadana y el federalismo en el sistema electoral.

El senador radical Maximiliano Abad expresó: “La democracia no es un gasto administrativo, es una inversión en libertad”, dejando en claro el rechazo de su bloque a cualquier intento de restringir la participación ciudadana. Además, la UCR apoya la Boleta Única de Papel, pero rechaza la inclusión de todas las categorías en una sola boleta, argumentando que esto afectaría la autonomía provincial.

El debate se produce en un contexto de crisis fiscal, con recortes en las transferencias automáticas a las provincias y un déficit creciente en la mayoría de los distritos. La situación económica y la caída de imagen del Gobierno complican aún más las negociaciones legislativas. La oposición teme que la reforma electoral beneficie al oficialismo y fragmente a sus fuerzas de cara a las elecciones de 2027.

Mientras tanto, el Gobierno evalúa introducir cambios en el proyecto, como aceptar que las PASO sean optativas, en un intento por sumar apoyos y evitar que su principal iniciativa política naufrague en el Congreso. El desenlace de este debate será clave para el futuro del sistema electoral argentino y la dinámica política de los próximos años.