El gobierno de Javier Milei concretó esta semana un profundo reordenamiento en el Ministerio de Justicia, consolidando la influencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, sobre el área judicial. La designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia marca un giro pragmático en la estrategia oficialista, desplazando a Santiago Caputo y su entorno, y redefiniendo el equilibrio de poder interno.

Según fuentes oficiales y opositoras, la decisión de Karina Milei responde a la desconfianza hacia la gestión anterior y a la necesidad de asegurar el control sobre los nombramientos judiciales, un área clave para la gobernabilidad y la agenda de reformas del Ejecutivo. Mahiques, con trayectoria en el sistema judicial y vínculos con actores relevantes de Comodoro Py, asume la tarea de revisar los pliegos para cubrir unas 200 vacantes en la justicia nacional y federal, una cifra récord que se acumuló tras dos años sin designaciones.

El nuevo ministro priorizará el envío al Senado de pliegos para cargos considerados críticos, especialmente en tribunales federales del interior y cámaras comerciales, mientras que la cobertura de vacantes en la Corte Suprema y la Procuración General quedará postergada. La reforma laboral y la eliminación del fuero laboral también inciden en la política de nombramientos, dejando en suspenso la designación de jueces en ese ámbito.

La oposición, representada por figuras como el diputado Rodolfo Tailhade, advierte sobre el riesgo de una "colonización" de la justicia y la intensificación de la persecución judicial contra adversarios políticos, en particular Cristina Fernández de Kirchner. Desde el oficialismo, en cambio, se subraya la necesidad de acuerdos con el sistema judicial para sostener las reformas y garantizar la estabilidad institucional.

El trasfondo de estos movimientos es una interna persistente en el gobierno, agravada tras la derrota electoral de septiembre y la urgencia de asegurar mayorías parlamentarias. El control de la justicia es visto como un factor decisivo para avanzar en la agenda oficialista y blindar al Ejecutivo ante causas judiciales sensibles. El futuro de la Corte Suprema y la Procuración General, sin embargo, permanece abierto, mientras el gobierno apuesta a consolidar su poder en el corto plazo.