El Gobierno argentino profundizó en 2025 su estrategia de privatización de empresas estatales, en un contexto de superávit financiero pero con desafíos en sectores clave. Según datos oficiales, el conjunto de compañías públicas cerró el año con un superávit de $903.000 millones, aunque esta cifra representó una caída del 19,1% respecto al año anterior. El resultado operativo, sin embargo, fue deficitario en $1,3 billones, principalmente por los desequilibrios en Enarsa y la operadora ferroviaria de pasajeros.

Doce empresas estatales continuaron arrojando pérdidas, entre ellas Operadora Ferroviaria S.A. y Trenes Argentinos, con déficits superiores a los $100.000 millones cada una, y Belgrano Cargas, con un rojo de $41.000 millones. En contraste, compañías como Enarsa, Correo Argentino y la Administración General de Puertos lograron los mayores superávits del año.

El plan de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo apunta a obtener ingresos en dólares y reforzar las reservas, en un contexto de restricción cambiaria. Entre las empresas en proceso de venta o concesión figuran Enarsa, AySA, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica Argentina, Intercargo y Corredores Viales. En algunos casos, como Corredores Viales, ya se abrieron licitaciones, mientras que en otros, como Nucleoeléctrica, el proceso enfrenta demoras por la complejidad de la tasación y la oposición sindical.

El ajuste en las empresas públicas incluyó una reducción de 6.000 empleados durante 2025 y una baja en las transferencias presupuestarias del Estado. Desde el oficialismo argumentan que el sector privado puede gestionar estos activos con mayor eficiencia, reducir costos y mejorar la calidad de los servicios. Sin embargo, sindicatos y especialistas advierten sobre el impacto social de las privatizaciones y cuestionan el momento elegido, dado que varias empresas mejoraron sus balances en el último año.

El debate sobre la conveniencia y el timing de las privatizaciones sigue abierto, en un escenario donde la necesidad de divisas y la eficiencia estatal se contraponen a preocupaciones por el empleo y la gestión de activos estratégicos.