El gobierno de Javier Milei logró sortear una derrota legislativa en la Cámara de Diputados durante la sesión destinada a modificar el régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Inicialmente, el oficialismo reconocía que no contaba con los votos necesarios para evitar la aprobación de un proyecto que limitaba el uso de DNU, pero una serie de negociaciones encabezadas por el asesor presidencial Santiago Caputo y el diputado del PRO Cristian Ritondo cambiaron el rumbo del debate.

Ritondo, tras recibir el visto bueno de Milei, inició reuniones informales con referentes de distintos bloques, incluyendo la Unión Cívica Radical, el MID, Coherencia, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. El punto de inflexión fue la modificación del artículo 3, que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso tratara los DNU, bajo amenaza de perder vigencia. Al modificar este artículo, el proyecto debió regresar al Senado, otorgando al Ejecutivo más tiempo y margen de maniobra.

El respaldo de gobernadores provinciales fue clave, con Caputo y su equipo tendiendo puentes con mandatarios de Santa Cruz, Misiones, Chubut, Santa Fe y Salta, entre otros. Este apoyo se tradujo en abstenciones, ausencias y votos favorables al oficialismo, consolidando una victoria parcial que fue presentada como un gesto de gobernabilidad ante Estados Unidos. En paralelo, el Tesoro estadounidense confirmó un acuerdo de swap de divisas por USD 20.000 millones, en el marco de una estrategia de respaldo a aliados económicos que promueven la apertura comercial y la atracción de inversiones.

No obstante, la interna del gobierno se hizo sentir. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, atribuyó el éxito a la gestión del ministro del Interior, Lisandro Catalán, y cuestionó la visibilidad de Caputo en la operación. Además, sectores de la Casa Rosada expresaron malestar por la inclusión de Martín Menem en la celebración del triunfo legislativo.

La sesión también estuvo marcada por denuncias de presión externa, con JP Morgan advirtiendo sobre el riesgo de perder respaldo financiero estadounidense si se aprobaba la ley sin modificaciones. El equilibrio político logrado es frágil y podría verse alterado por los resultados de las próximas elecciones, lo que mantiene la incertidumbre sobre la estabilidad del gobierno y la continuidad de los apoyos legislativos.