El gobierno nacional, a través del ministro de Economía Luis Caputo, solicitó a la provincia de Santa Fe el ingreso al país de US$800 millones obtenidos en el mercado financiero internacional. Esta medida responde a la urgencia de reforzar las reservas del Banco Central ante vencimientos de deuda por unos US$4.000 millones previstos para enero. La administración de Javier Milei busca que, junto a Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe aporte divisas que podrían sumar US$2.100 millones para afrontar los compromisos internacionales.

Según las normativas del Banco Central, las provincias disponen de 180 días para ingresar los fondos. Sin embargo, el gobierno nacional ofreció la posibilidad de suscribir bonos que actualicen el valor de los dólares ingresados, en un intento de mitigar la pérdida de valor por la inflación y la política cambiaria vigente. Fuentes del Ministerio de Economía de Santa Fe confirmaron que la propuesta está siendo evaluada.

En paralelo, el gobernador Maximiliano Pullaro reclama a la Nación el pago de deudas previsionales y fondos del pacto fiscal, que según estimaciones provinciales, representan hasta $20.000 millones mensuales no percibidos. Pullaro advirtió que la falta de cumplimiento genera un daño significativo a las finanzas provinciales y recordó que la provincia ya inició acciones judiciales ante la Corte Suprema por estos incumplimientos.

El conflicto se agrava por la exigencia del gobierno central de que Santa Fe ceda parte de su coparticipación federal para financiar servicios de recaudación, compromiso asumido en 2022 pero no avalado por la Legislatura provincial. Pullaro sostiene que la provincia no recibe los servicios correspondientes y rechaza el descuento propuesto.

La situación se desarrolla en un contexto de intensas negociaciones legislativas, donde el oficialismo nacional necesita aprobar el presupuesto y reformas estructurales. El desenlace de este conflicto dependerá de la capacidad de ambas partes para alcanzar acuerdos políticos y financieros que permitan cumplir con las obligaciones nacionales y provinciales, en un escenario marcado por la incertidumbre económica y la presión de los mercados internacionales.