La droguería Suizo Argentina SA se encuentra bajo la lupa tras revelarse que firmó 17 contratos por un total de 34.000 millones de pesos con la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires durante el último año. La información, confirmada por el Organismo Provincial de Contrataciones, detalla que la empresa de la familia Kovalivker, actualmente investigada por la Justicia, fue una de las principales proveedoras del Ministerio de Salud bonaerense, además de su rol central en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La causa penal, liderada por el fiscal Franco Picardi, se centra en la presunta existencia de sobornos y sobreprecios en licitaciones públicas, tanto a nivel nacional como provincial. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas también indaga si el esquema de contrataciones se replicó en otras jurisdicciones. Entre las licitaciones más relevantes, se destacan adjudicaciones para medicamentos oncológicos y tratamientos de alta complejidad.

En la provincia de Chaco, la polémica se intensificó luego de que medios nacionales señalaran un aumento significativo en las compras a Suizo Argentina, que pasaron de 64 millones de pesos en 2024 a más de 472 millones en 2025. Sin embargo, el Ministerio de Salud chaqueño negó cualquier trato preferencial y aseguró que la empresa solo obtuvo el 13% de los renglones adjudicados, en procesos con un promedio de 20 oferentes. “Las adquisiciones se realizan bajo procesos competitivos y transparentes”, afirmó el ministro Sergio Rodríguez, quien remarcó que toda la documentación está disponible para auditorías.

Desde el gobierno bonaerense, fuentes oficiales justificaron la continuidad de la droguería como proveedora por su capacidad de stock y distribución, especialmente para medicamentos de urgencia. “Nada impide que sigan ofertando siempre y cuando lo hagan a mejores valores en las licitaciones”, indicaron.

Mientras tanto, la investigación judicial avanza y podría ampliarse a otras provincias. La oposición y algunos medios sostienen que existieron presiones políticas para favorecer a la empresa, mientras que los gobiernos involucrados insisten en la transparencia de los procesos. El caso sigue generando repercusiones y se espera que la Justicia determine si existió un esquema sistemático de corrupción en la contratación de medicamentos a nivel nacional y provincial.