El diputado nacional José Luis Espert fue allanado este jueves en su domicilio de Beccar y en sus despachos del Congreso, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al empresario Federico "Fred" Machado, acusado de narcotráfico y actualmente detenido con pedido de extradición a Estados Unidos. La medida fue ordenada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, y contó con la autorización de la Cámara de Diputados, que aprobó el procedimiento con 215 votos afirmativos y solo tres abstenciones.

La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en 2020 de Machado, parte de un contrato de un millón de dólares firmado en 2019 para asesorar a la empresa minera "Minas del Pueblo" en Guatemala, propiedad de Machado. El contrato fue hallado roto en la basura de la casa de Machado en Viedma durante un allanamiento realizado por la Policía Federal. Además, se investiga el uso de aviones privados de Machado por parte de Espert durante la campaña presidencial de 2019, con 36 vuelos registrados, cinco de ellos junto al empresario, aportes que no fueron declarados oficialmente.

Durante los allanamientos, personal de Gendarmería y la Policía Federal incautó celulares, computadoras y documentación relevante tanto en la vivienda de Espert como en sus oficinas del Congreso. El abogado defensor de Espert, Alejandro Freeland, denunció irregularidades en el procedimiento, señalando que se le impidió estar presente durante el operativo y calificó la causa como "extraña" y parte de un "ataque político y mediático". Freeland también solicitó la unificación de la causa con otro expediente abierto en 2021 por vínculos similares entre Espert y Machado.

La causa judicial se inició tras una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, basada en información de expedientes judiciales en Texas que vinculan a Espert con transferencias de dinero y viajes financiados por Machado. Por el momento, no hay pedidos de detención para Espert, quien solicitó licencia en la Cámara de Diputados y renunció a cargos tras el avance de la investigación. El expediente permanece bajo secreto de sumario, mientras se esperan nuevas medidas de prueba y el desarrollo de informes patrimoniales y bancarios.

El caso ha generado un fuerte impacto político, con debates internos en el bloque libertario sobre el apoyo al allanamiento y la necesidad de preservar la transparencia institucional. Las autoridades judiciales y políticas destacan la gravedad de las acusaciones y el potencial daño a la imagen pública de Espert, en un contexto de creciente escrutinio sobre los vínculos entre política y financiamiento ilícito.