La Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento de tres docentes y un colaborador de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) por el presunto uso indebido de laboratorios universitarios para actividades privadas. Según la resolución judicial, Oscar Masciarelli, Lucas Gallarato y Roxana Reynaga, junto a Gabriel Aguilar Mansilla (procesado por encubrimiento), habrían utilizado recursos, insumos y tecnología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales para beneficiar a la empresa privada “A&B Agrobiotech Diagnóstica”.

La investigación, iniciada en 2022, reveló que los acusados ofrecían servicios de laboratorio a terceros, facturando parte de los ingresos a nombre de la universidad y otra parte a título personal. Pruebas fundamentales incluyeron escuchas telefónicas, facturas, publicaciones en redes sociales y material incautado durante allanamientos. En una de las conversaciones interceptadas, Masciarelli reconocía la existencia de “curritos” dentro de la institución, en referencia a maniobras para obtener ingresos por fuera de los canales oficiales.

El tribunal, integrado por los jueces Graciela Montesi, Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres, consideró que las pruebas reunidas eran suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los imputados. Sin embargo, revocó el procesamiento de otras dos investigadoras, dictando la falta de mérito por insuficiencia de pruebas.

En cuanto a las medidas cautelares, la Cámara redujo los embargos a $3 millones para Reynaga y $2 millones para Aguilar Mansilla, al considerar desproporcionados los montos iniciales. Además, se ordenó una pericia contable oficial para determinar el daño económico sufrido por la UNRC, la cual será coordinada por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las defensas de los imputados apelaron la decisión, argumentando falta de pruebas concretas y violación del principio de inocencia. El tribunal, no obstante, subrayó el “notorio hermetismo” con el que se desarrollaron las actividades ilícitas y la gravedad del daño institucional. La causa continuará con la pericia contable y nuevas medidas de prueba, mientras la investigación permanece circunscripta a los laboratorios y personas inicialmente identificadas.