Argentina se encuentra bajo la lupa internacional esta semana, cuando el Comité contra la Tortura de la ONU evalúa el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos, con especial foco en la salud mental y la violencia institucional. El examen, que se realiza en Ginebra, surge en un contexto de denuncias crecientes sobre tortura, malos tratos y retrocesos en la atención de la salud mental en el país.

Según el último informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, más del 35% de la población argentina presenta malestar psicológico, y cerca del 9% padece trastornos de salud mental, cifras que afectan principalmente a mujeres y habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). María Quintero, periodista y magíster en comunicación, remarcó que las principales manifestaciones son insomnio, irritabilidad, agotamiento emocional y desánimo, y que la demanda de ayuda se incrementó desde la pandemia.

Pablo Catalano, referente del Colectivo Argentino de Salud Mental y de ATE, advirtió en Radio Kermés sobre el desfinanciamiento del sistema, la suspensión de residencias y el cierre de dispositivos territoriales, como los sostenidos por la Sedronar. "La gente está en una situación preocupante. Hay insomnio, ansiedad y un estado de desborde que se vuelve generalizado", señaló Catalano, quien también destacó el impacto de las adicciones como síntoma de una crisis más profunda. El cierre de residencias ha provocado una migración interna de profesionales, dejando zonas enteras sin especialistas disponibles.

El informe de Amnistía Internacional presentado al Comité contra la Tortura subraya la violencia institucional, especialmente el maltrato policial a personas en situación de calle en Buenos Aires, y denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el ejercicio de la protesta. Las organizaciones convocantes esperan que la presión internacional impulse la declaración de emergencia en salud mental, ya aprobada en comisión en Diputados, y que se incremente el presupuesto, se garanticen medicamentos y se incorpore personal especializado.

El contexto regional muestra que Argentina se apartó de modelos integrados de salud mental, como los de Brasil y Uruguay, y enfrenta una regresión de derechos en comparación con otros países. El Comité de la ONU revisará también prácticas de seguridad, muertes bajo custodia policial y condiciones de detención, en un escenario de deterioro acelerado del sistema. "No se trata de un tema menor", afirmó Catalano, quien reafirmó el compromiso de los colectivos para visibilizar la situación y acompañar el proceso de emergencia.

La evaluación internacional se presenta como un punto de inflexión, con expectativas de que el Estado argentino asuma responsabilidades y avance en la recomposición de un sistema que, según especialistas y organizaciones, requiere reformas urgentes para garantizar derechos y atención adecuada a la población.