El caso de maltrato animal ocurrido en Bahía Blanca, donde dos jóvenes estudiantes universitarios mataron a patadas a una nutria, generó una ola de repudio social y derivó en consecuencias tanto judiciales como académicas. El hecho, que fue filmado y viralizado en redes sociales, ocurrió en la vía pública y fue denunciado por la Fundación Grupo Alianza Animal. Los implicados, Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, ambos oriundos de Huanguelén y radicados en Bahía Blanca para estudiar, enfrentan imputaciones por maltrato animal y violación de la ley de conservación de fauna, lo que podría impedirles acceder a la suspensión de juicio a prueba y los obligaría a enfrentar un juicio oral.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) suspendió preventivamente a Bravo e inició un juicio académico en su contra, calificando su conducta como "repudiable" e "impropia de un estudiante universitario". El decano de la facultad, Alejandro Staffa, explicó que la medida se enmarca en el reglamento disciplinario y que la sanción podría llegar hasta la exoneración. Mientras tanto, la fiscalía secuestró los celulares de los acusados para analizar los videos originales y determinar si hubo participación de terceros.

El caso también tuvo repercusiones en el ámbito político local. Un proyecto para declarar "personas no gratas" a los jóvenes en Bahía Blanca no obtuvo los votos necesarios en el Concejo Deliberante, lo que desató una serie de amenazas contra concejales que no acompañaron la iniciativa. La presidenta del cuerpo, Gisela Caputo, y otros ediles manifestaron su preocupación por la escalada de violencia y hostigamiento en redes sociales.

En Huanguelén, localidad natal de los acusados, vecinos difundieron un mensaje viral pidiendo no generalizar el castigo ni estigmatizar a toda la comunidad por el accionar de dos personas. "No nos definan por un hecho. Conózcannos por todo lo demás", expresaron en redes sociales, recordando la solidaridad del pueblo en situaciones de emergencia.

La Fundación Grupo Alianza Animal, por su parte, instó a canalizar el reclamo social por vías judiciales y evitar represalias o escraches. El caso reavivó el debate sobre el alcance del repudio social y la violencia en redes, en un contexto de creciente sensibilidad ante el maltrato animal en Argentina. Las próximas semanas serán clave para definir las sanciones judiciales y académicas, así como para evaluar el impacto social de este episodio.