El borrador de la reforma laboral presentado recientemente en Argentina incorpora el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta diseñada para fomentar la inversión productiva en pequeñas y medianas empresas (pymes) a lo largo del país. El RIMI surge como respuesta a un reclamo del sector pyme tras la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y apunta a fortalecer la competitividad, ampliar las exportaciones y generar empleo mediante beneficios fiscales específicos.

El régimen está dirigido a empresas constituidas o habilitadas en Argentina que realicen nuevas inversiones durante los dos primeros años de vigencia de la ley. Los fondos deberán destinarse a la adquisición o fabricación de bienes muebles nuevos —excepto automóviles— o a la ejecución de obras directamente vinculadas con procesos productivos. Quedan excluidas las inversiones financieras, de cartera o bienes para reventa, concentrando el programa en proyectos con impacto económico real.

Para acceder a los beneficios, las empresas deberán cumplir con montos mínimos de inversión que varían según su tamaño: desde USD 150.000 para microempresas hasta USD 30.000.000 para las de mayor envergadura. Además, existe una categoría especial sin piso mínimo para inversiones en insumos agrícolas y energéticos estratégicos, como equipos de riego, eficiencia energética y mallas antigranizo.

Entre los incentivos fiscales, el RIMI permite optar por el régimen habitual del Impuesto a las Ganancias o por un esquema de amortización acelerada, que facilita deducir la inversión en plazos más cortos. Asimismo, los créditos fiscales de IVA asociados a estas adquisiciones podrán solicitarse para devolución anticipada luego de tres períodos fiscales, sujeto a un cupo anual determinado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El régimen establece controles estrictos: los bienes adquiridos deben permanecer en la empresa al menos dos ejercicios fiscales, y la pérdida de requisitos implica la devolución de los beneficios y posibles sanciones. El RIMI es incompatible con el RIGI y otros programas similares, y excluye a empresas con condenas por delitos económicos o deudas fiscales.

La iniciativa ha sido bien recibida por el sector pyme, que valoró la inclusión de un régimen adaptado a sus necesidades. Expertos subrayan la importancia de la fiscalización y la reglamentación para garantizar el impacto positivo esperado en empleo y exportaciones. El éxito del RIMI dependerá, en última instancia, de su implementación efectiva y del contexto macroeconómico en el que se aplique.