El Superior Tribunal de Justicia de Chubut anuló la destitución de la jueza penal Mariel Suárez, quien había sido apartada de su cargo tras la difusión de imágenes en las que se la veía besando a un preso condenado por ella misma. La decisión, adoptada de manera unánime por los ministros Javier Raidan y Andrés Giacomone, junto a tres jueces de Cámara subrogantes, ordena la restitución inmediata de Suárez en el juzgado penal de la Circunscripción Judicial II de Comodoro Rivadavia.

El fallo del STJ no revisó el fondo de las acusaciones contra Suárez, sino que se centró en la validez del procedimiento que culminó con su remoción. Según la sentencia, el Tribunal de Enjuiciamiento que la juzgó carecía de la imparcialidad exigida por la Constitución y los tratados internacionales, debido a la intervención del entonces presidente Daniel Báez, quien había participado en etapas previas de la investigación y luego presidió el tribunal que la destituyó. "La garantía de imparcialidad comprende dos dimensiones de igual jerarquía constitucional", sostuvo el ministro Raidan en el fallo, subrayando que la doble intervención de Báez vulneró este principio fundamental.

La causa se originó en enero de 2023, tras una denuncia presentada por Ignacio Torres, actual gobernador de Chubut, y Juan Pablo Luque, ex intendente de Comodoro Rivadavia. El proceso disciplinario incluyó acusaciones de ausencia de imparcialidad, falsear la verdad y conducta indecorosa, pero el STJ aclaró que la nulidad declarada no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad o inocencia de Suárez respecto de los hechos que motivaron el jury.

El Jurado de Enjuiciamiento había considerado que la relación entre la jueza y el preso comprometía la integridad y la objetividad del sistema judicial. Sin embargo, el STJ enfatizó que ningún castigo puede sostenerse si se violan garantías fundamentales como la imparcialidad. En paralelo, el Consejo de la Magistratura apartó a Suárez de un concurso federal por dudas sobre su idoneidad y ética profesional.

La resolución del STJ marca un precedente sobre la importancia de las garantías procesales en el ámbito judicial y deja abierta la discusión sobre la conducta de los magistrados y la confianza pública en la justicia.