Una nueva investigación judicial ha puesto en jaque a la política santafesina tras la imputación de cuatro abogados, un ex diputado provincial y un ex piloto de Fórmula 1 por su presunta participación en una red de protección al juego ilegal. Entre los señalados se encuentran el ex diputado Darío Scattaglini y el empresario y ex piloto Oscar Rubén Larrauri, quienes, según los fiscales, habrían brindado cobertura e influencia para facilitar la operación de más de 200 minicasinos y máquinas de juego en toda la provincia.

Los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina presentaron las imputaciones ante los jueces Paula Alvarez, Alejandro Negroni y Eleonora Verón, señalando al senador Armando Traferri como líder de la organización. Según la acusación, el grupo protegía al capitalista Leonardo Peiti, permitiéndole acceder a licencias de juego y evitando obstáculos judiciales. Además, se investiga el uso de empresas simuladas, como Southgame SRL, para el blanqueo de fondos ilícitos, con Larrauri y el abogado José Francisco Fernández Chemes actuando como prestanombres.

El caso también involucra a figuras del ámbito judicial, como el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, ya condenado por sobornos, y otros funcionarios que habrían recibido dinero a cambio de protección. Las pruebas presentadas incluyen mensajes, transferencias y testimonios que apuntan a la canalización de fondos ilegales hacia campañas políticas y la compra de voluntades dentro del Ministerio Público de la Acusación.

Uno de los aspectos más sensibles de la investigación es la presunta manipulación de subsidios legislativos y la utilización de informes médicos para beneficiar a Peiti, evitando así su permanencia en prisión. Los fiscales sostienen que la organización operaba con una estructura jerárquica y protección institucional, lo que ha generado preocupación sobre la integridad de las instituciones en Santa Fe.

El senador Traferri ha negado rotundamente haber recibido dinero de Peiti, mientras que la investigación continúa avanzando y se esperan nuevas definiciones judiciales en las próximas semanas. El caso se suma a una serie de escándalos que han puesto en evidencia la compleja relación entre política, justicia y negocios ilícitos en la provincia, y plantea interrogantes sobre las medidas necesarias para fortalecer la transparencia y la legalidad en el ámbito público.