La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires ha generado un fuerte remezón en el escenario político de La Libertad Avanza (LLA). El economista liberal tomó la decisión tras la difusión de documentos que lo vinculan con el empresario Fred Machado, actualmente detenido por narcotráfico, y la revelación de una transferencia bancaria de 200 mil dólares. “Por la Argentina, doy un paso al costado”, anunció Espert en sus redes sociales, asegurando que enfrentará las acusaciones en la Justicia y denunciando una “operación” mediática en su contra.

La salida de Espert abrió un debate legal sobre quién debe reemplazarlo al frente de la lista. Según el decreto de paridad de género, el reemplazo debería ser una persona del mismo género, lo que favorecería a Diego Santilli, quien ocupaba el segundo lugar. Sin embargo, el Código Electoral y antecedentes judiciales recientes, como el caso de Lucila Crexell en 2019, sugieren que la interpretación no es automática y que la decisión final recae en el juez electoral Alejo Ramos Padilla.

Mientras tanto, la campaña enfrenta un problema logístico: las boletas ya fueron impresas con el nombre y la imagen de Espert, y el plazo para modificar el diseño ha expirado. Cambiar las boletas implicaría un costo millonario y plazos que parecen imposibles de cumplir antes de las elecciones, por lo que, en la práctica, Espert seguirá figurando en las papeletas aunque no sea candidato.

Desde LLA, Santilli se mostró dispuesto a asumir el liderazgo de la lista y llamó a “defender el rumbo” frente a las críticas de la oposición, que cuestiona tanto el manejo del caso como el gasto público que implicaría una reimpresión de boletas. Por su parte, Espert insiste en su inocencia y denuncia una persecución política y mediática.

El caso pone a prueba la normativa de paridad de género y la capacidad de respuesta de la Justicia Electoral, en un contexto de alta tensión política y a pocas semanas de los comicios. La resolución final, que podría ser apelada, marcará un precedente para futuras situaciones similares y tendrá impacto en la campaña de LLA en la provincia más poblada del país.