Argentina atraviesa una de las crisis empresariales más profundas de las últimas décadas, con el cierre de más de 24.000 empresas desde diciembre de 2023, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el centro de estudios Fundar. El fenómeno, que afecta principalmente a pequeñas y medianas empresas, ha tenido un impacto directo en el empleo formal y en la estructura productiva nacional.

En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, se perdieron 13.676 puestos de trabajo registrados y cerraron 2.533 empresas, afectando sobre todo a pymes y al sector manufacturero. "La vulnerabilidad se centró en las pymes, donde se produjo el 96,1% de la pérdida total de empleo", señala un informe del Centro de Economía Política Argentina. Sectores como la enseñanza, la construcción y los servicios de transporte también registraron caídas significativas.

El cierre de empresas emblemáticas como la cooperativa láctea SanCor, la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA) y la planta de Whirlpool en Pilar, evidencia la magnitud de la crisis. SanCor, que llegó a emplear a más de 4.000 personas y procesar cuatro millones de litros de leche diarios, hoy cuenta con menos de 1.000 empleados y enfrenta un pedido de quiebra. FAPA, único fabricante nacional de aisladores eléctricos, cerró tras 88 años de actividad, obligando a importar insumos críticos para la red eléctrica.

La apertura importadora impulsada por el gobierno de Javier Milei ha sido señalada como una de las principales causas del fenómeno. Si bien el discurso oficial sostiene que la competencia internacional debería reducir los precios, en la práctica muchas empresas que pasaron de producir a importar mantienen los mismos valores de venta. Casos como Luminagro, Essen y Adidas ilustran esta tendencia, con despidos masivos y precios finales sin reducción significativa.

En contraste, el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) ha atraído inversiones extranjeras en sectores como energía, minería y retail. Marcas internacionales como Mango, Miniso y H&M anunciaron su desembarco o expansión en el país, mientras que proyectos energéticos en Vaca Muerta y otras regiones buscan dinamizar la economía.

El debate público se centra ahora en si el dinamismo de las grandes inversiones podrá compensar la destrucción del entramado productivo nacional y la pérdida de empleos. Empresarios, sindicatos y legisladores discuten posibles medidas para mitigar el impacto y proteger la industria local, mientras la crisis sigue generando incertidumbre sobre el futuro del empleo y la producción en Argentina.