La causa por fraude a la obra social Apross de Córdoba sumó dos nuevas detenciones este jueves, cuando la Fiscalía de Instrucción N°1, a cargo de José Bringas, ordenó la aprehensión de dos médicos oncólogos. Ambos profesionales están acusados de participar en maniobras fraudulentas que habrían generado un perjuicio económico estimado en 500 millones de pesos al sistema de salud provincial.

La investigación, iniciada en 2021, ya cuenta con más de 40 detenidos, entre los que se encuentran médicos, empleados del sistema de salud y exintegrantes de la Policía de Córdoba. Según fuentes judiciales, las maniobras incluían la sobreprescripción de medicamentos de alto costo, la emisión de recetas falsas para retirar fármacos oncológicos e insulina, y el cobro de prácticas médicas a nombre de afiliados inexistentes. Estos medicamentos eran posteriormente vendidos en el mercado negro.

El caso se originó tras la detección de recetas emitidas a nombre de pacientes fallecidos, lo que encendió las alertas de la Comisión Especial Permanente de Prevención e Investigación de Fraudes. El análisis técnico de los registros permitió identificar patrones compatibles con prácticas fraudulentas y derivó en allanamientos en instituciones médicas y farmacias.

Durante los procedimientos realizados en febrero de 2025, las autoridades incautaron 12 millones de pesos, documentación apócrifa, sellos falsos, computadoras, teléfonos y una gran cantidad de medicamentos y recetarios fraudulentos. Los implicados utilizaban identidades falsas y documentos adulterados para retirar los fármacos en distintas farmacias, variando los locales para evitar ser descubiertos.

El fiscal Bringas señaló que existen entre 40 y 50 líneas de investigación abiertas y no descartó nuevas detenciones en los próximos días. "El objetivo es determinar el alcance de las irregularidades, identificar a todos los responsables y resguardar los recursos del sistema público de salud", afirmó el funcionario judicial.

El hermetismo rodea la causa, pero las autoridades insisten en la importancia de profundizar la investigación para desarticular por completo la red delictiva. El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en el sector salud y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención de fraudes en la administración pública.