El caso de Tomás Orihuela, el joven de 19 años hallado muerto en una celda de la Comisaría Sexta de Córdoba, ha generado una fuerte conmoción social y reavivado el debate sobre la violencia institucional en la provincia. Orihuela fue detenido en dos ocasiones en menos de 48 horas, pese a que, según su familia y documentación judicial, no tenía antecedentes ni pedidos de captura vigentes. La última detención ocurrió el 26 de abril, tras un control policial al salir de una peluquería, y esa misma noche fue encontrado muerto por ahorcamiento en la celda.

La autopsia preliminar indicó que no presentaba otros signos de violencia, aunque la familia y su abogada, Marta Rizzotti, pusieron en duda la versión oficial de suicidio. “La lesión que presenta no es compatible con el grosor de un buzo. La herida es fina. Por lo que vimos no tiene lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Rizzotti. Además, la familia denunció que no pudo ver a Tomás la noche de su muerte y que el joven habría manifestado temor a ser detenido injustamente, según audios enviados a su madre: “Me quiero ir de acá del barrio porque tengo miedo de que me frenen en algún control y me lleven por nada”, expresó el joven.

El velorio de Orihuela estuvo marcado por una multitudinaria caravana y la presencia de cuatro familiares presos, trasladados bajo custodia judicial, en un operativo amparado por la ley de Ejecución Penitenciaria. La noticia de su muerte provocó manifestaciones y disturbios en el barrio Bajo Pueyrredón, con enfrentamientos entre vecinos y la policía, que resultaron en heridos y detenidos.

La fiscalía, a cargo de Andrés Godoy, investiga posibles irregularidades en las detenciones y el accionar policial. Se han incautado celulares de los agentes involucrados y solicitado registros de cámaras de seguridad. El caso permanece abierto y bajo intensa presión social para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Tomás Orihuela, en un contexto de reiteradas denuncias de violencia institucional en Córdoba.