La Justicia de Río Negro resolvió un prolongado conflicto en Cipolletti al ordenar el desalojo de una familia que ocupaba desde hacía más de diez años una vivienda perteneciente a la Diócesis del Alto Valle. El inmueble, ubicado en el paraje El Treinta, había sido originalmente destinado a actividades sociales mediante un acuerdo verbal con el municipio local. Sin embargo, tras la finalización de ese acuerdo, una familia permaneció en el lugar, lo que derivó en una disputa legal.

Según consta en el expediente, la Diócesis había adquirido la propiedad mediante escritura pública y permitió que un cuidador y su familia residieran allí temporalmente para evitar ocupaciones irregulares. Con el paso del tiempo, la permanencia de la familia se extendió más allá del plazo previsto, lo que motivó reclamos informales y, posteriormente, una demanda judicial para recuperar el inmueble.

Durante el proceso, la familia ocupante argumentó que su permanencia era continua, pública y pacífica, y que había realizado mejoras en la vivienda, por lo que solicitó el reconocimiento de derechos adquiridos. No obstante, el juez rechazó estos planteos, señalando que la prescripción adquisitiva no puede resolverse en un juicio de desalojo y que la titularidad de la Diócesis estaba debidamente acreditada.

El fallo judicial ordena el desalojo en un plazo de 10 días y advierte que, de no cumplirse, podrá intervenir la fuerza pública. Además, establece que antes de ejecutar la medida se debe identificar a todos los ocupantes y, en caso de haber menores, dar intervención a la Defensoría de Menores para resguardar sus derechos.

Desde la Diócesis, se argumentó la necesidad de recuperar el inmueble para retomar actividades comunitarias y de formación laboral a través de Cáritas. Por su parte, la familia afectada manifestó su preocupación por la falta de recursos y problemas de salud, considerando el desalojo una amenaza directa a su estabilidad.

El caso pone en evidencia la tensión entre el derecho de propiedad y las situaciones de vulnerabilidad social, una problemática recurrente en la región. La resolución judicial aclara que el proceso solo determina la restitución del inmueble, dejando abierta la posibilidad de futuras acciones legales sobre la propiedad o posesión definitiva.