La relación entre el Gobierno de Javier Milei y el sector industrial argentino atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio de la gestión libertaria. El presidente, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, lanzó duras críticas contra lo que denominó la "industria prebendaria", apuntando directamente a empresarios de peso como Paolo Rocca, de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de Aluar y FATE. Estas declaraciones encendieron la alarma en el sector manufacturero, que respondió a través de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) con comunicados en los que reclamaron respeto y advirtieron sobre la gravedad de la crisis industrial.

El documento de la UIA, titulado "Sin industria no hay Nación", subrayó la caída de la actividad, el cierre de fábricas emblemáticas como FATE y Whirlpool, y la presión fiscal que enfrentan especialmente las pymes. Según datos de la entidad, la industria representa el 19% del PBI, aporta el 27% de la recaudación fiscal y genera más de 3,6 millones de empleos directos e indirectos. "El respeto es condición básica del desarrollo", enfatizó la UIA, que también destacó la necesidad de reconstruir la confianza entre el sector privado y el Estado.

El Gobierno, lejos de retroceder, mantuvo su postura. El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó el modelo industrial de las últimas décadas y defendió la apertura económica y la reducción del gasto público. "El modelo de los últimos 20 años no hizo crecer la industria ni el empleo", afirmó Caputo en un encuentro empresarial.

Mientras tanto, la situación financiera se agrava: la mora bancaria y en billeteras virtuales aumentó, y más del 40% de los clientes de casas de electrodomésticos tienen dificultades para pagar sus cuotas. El contexto internacional, marcado por la guerra en Medio Oriente, suma incertidumbre y presión sobre el riesgo país y la estabilidad financiera argentina.

En este escenario, los empresarios insisten en la necesidad de diálogo y medidas de apoyo, mientras el Gobierno apuesta a la confrontación y a la búsqueda de inversiones extranjeras. Analistas y bancos internacionales advierten sobre la fragilidad de la economía y la urgencia de reformas profundas para lograr una recuperación sostenida. El futuro inmediato se presenta incierto, con un sector industrial en crisis y un Gobierno decidido a mantener su rumbo.