El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires salió a aclarar los procedimientos de control tras la polémica generada por la operación inmobiliaria del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presidenta de la institución, Magdalena Tato, explicó que toda transacción realizada por personas políticamente expuestas, como funcionarios públicos, debe ser reportada obligatoriamente a la Unidad de Información Financiera (UIF), independientemente del monto involucrado.

Tato detalló que los escribanos realizan reportes mensuales y automáticos, en los que se identifica la condición de funcionario del cliente. "No importa el monto por el que haya comprado, es automático", afirmó en declaraciones radiales. Además, diferenció este procedimiento del Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que solo se activa si existen dudas sobre el origen de los fondos. Según la presidenta del Colegio, es poco frecuente que se llegue a este punto, ya que ante irregularidades las operaciones suelen cancelarse antes de concretarse.

En el caso específico de Adorni, la escribana Adriana Nechevenko fue señalada en la controversia, aunque Tato evitó pronunciarse sobre responsabilidades individuales. Confirmó que el Colegio sigue el expediente y colabora con la justicia, remitiendo la documentación requerida. La operación bajo investigación incluyó una hipoteca por el 87% del valor del inmueble, una modalidad considerada inusual y que motivó la apertura de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El Colegio de Escribanos también defendió su capacidad disciplinaria, señalando que puede iniciar expedientes internos e incluso promover la destitución de un matriculado antes de una condena judicial. Tato subrayó que la justificación del origen de los fondos es obligatoria para todos los clientes y que la profesión exige controles estrictos y formación continua.

Desde el Gobierno, la postura ha sido mantener el silencio y no intervenir en el proceso judicial, mientras la investigación avanza. El caso Adorni reavivó el debate sobre la transparencia y los controles en las operaciones de funcionarios públicos, en un contexto de creciente escrutinio social y mediático.