El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la pobreza en Argentina descendió al 28,2% en el segundo semestre de 2025, la cifra más baja registrada en los últimos siete años. Según el organismo, la indigencia también mostró una reducción, ubicándose en el 6,3%. El gobierno celebró el dato, atribuyéndolo a la desaceleración de la inflación y a la recuperación de ingresos, especialmente en sectores informales y a través de transferencias sociales reforzadas como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.

Sin embargo, el anuncio generó un intenso debate entre especialistas y centros de estudio. Diversos economistas y académicos, como los del CEDLAS y la Universidad Católica Argentina, advirtieron que la metodología utilizada por el INDEC podría subestimar la pobreza real. Señalan que la canasta básica oficial no refleja plenamente el impacto de los aumentos en servicios y que los cambios en la medición de ingresos, especialmente en el sector informal, influyen en el resultado final. "La baja real de la pobreza sería de entre 2 y 8 puntos, dependiendo de la canasta utilizada", estimó un informe del CEDLAS.

A pesar de la baja en el índice oficial, persisten señales de deterioro social: el desempleo subió al 7,5%, el consumo de productos esenciales como la leche cayó, y el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones continúa en descenso. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA advirtió que la cobertura de las transferencias sociales sobre la canasta básica lleva meses cayendo y que la canasta oficial subestima el gasto real de los hogares.

El debate sobre la medición de la pobreza no es nuevo en Argentina, donde la intervención del INDEC y la actualización de la canasta básica han sido temas recurrentes. Mientras el gobierno utiliza la baja como bandera política, expertos y sectores sociales insisten en la necesidad de mayor transparencia y actualización de los indicadores para reflejar la realidad de la población. El futuro de la pobreza en el país dependerá de la evolución de la inflación, el empleo y la capacidad de recomponer el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.