La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta, bajo la dirección de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, llevó a cabo una serie de allanamientos en cuatro domicilios y detuvo a dos mujeres en el marco de una investigación por presunta falsificación de certificados docentes. El operativo se originó tras una denuncia presentada el 17 de diciembre de 2025 por el secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, quien informó que una auditoría interna había detectado una maniobra masiva de incorporación de certificados apócrifos en los procesos de valoración docente.

Según la auditoría, de las 292 unidades educativas revisadas, se identificaron 291 inscripciones con certificados presuntamente falsos, 286 registros adulterados y 237 docentes involucrados. "Se trata de hechos de extrema gravedad, dado que se asignaron cargos y puntajes con documentación inexistente", expresó Becker. Las Juntas Calificadoras de Nivel Inicial, Primario y Secundario compartían una base de datos, lo que amplió el alcance del perjuicio.

La investigación reveló que los docentes eran captados a través de perfiles de Facebook denominados “Cursos Educar” o bajo el alias “Ana Guzmán”, donde se ofrecían diplomaturas y postítulos con puntaje docente, supuestamente avalados por instituciones reales. Tras abonar sumas que oscilaban entre $95.000 y $360.000, los docentes recibían certificados en formato PDF, con firmas y sellos escaneados. El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que la mayoría de los números de registro no existían en las bases oficiales, y solo cinco casos coincidieron con registros válidos.

El personal de la UDEC logró individualizar a tres personas fundamentales en la organización: dos mujeres, una en el norte y otra en el sur provincial, y un hombre en San Carlos de Bariloche. Los pagos se realizaban a cuentas de las investigadas, con transferencias inmediatas hacia el hombre mencionado. Los chats incorporados a la causa muestran que varios docentes reconocieron que no cursaban ni rendían evaluaciones, sino que adquirían directamente el puntaje, con pleno conocimiento de la irregularidad.

Hasta el momento, se determinó que 53 docentes mejoraron su orden de mérito y 9 accedieron a horas cátedra tras presentar documentación apócrifa. La fiscal Salinas Odorisio dispuso la continuidad de la investigación respecto a los restantes certificados denunciados. El caso pone en debate la transparencia y el control en el sistema educativo argentino, y se espera que las autoridades profundicen las medidas para evitar futuras irregularidades.