El Gobierno declaró a otras dos obras sociales en crisis: cuáles son y qué pasará con ellas
🔴 El Gobierno declaró en crisis a dos obras sociales: azucareros de Tucumán y taxistas de Córdoba. Deben presentar planes de contingencia en 15 días. Ya son 14 entidades en crisis. El objetivo: garantizar prestaciones de calidad y transparencia. #Salud #Economía


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La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana y a la Obra Social de los Conductores de Taxis de Córdoba, según las resoluciones Nº 1755/2025 y Nº 1767/2025 publicadas el 29 de septiembre de 2025. Esta decisión se enmarca en el proceso de reordenamiento del sistema sanitario impulsado por el Ministerio de Salud, que busca fortalecer la fiscalización y garantizar el acceso a prestaciones de calidad.
Las entidades afectadas presentaron irregularidades en balances y estados contables, deficiencias en la gestión institucional y limitaciones en su capacidad económico-financiera. Por ello, la Superintendencia ordenó que ambas obras sociales presenten, en un plazo máximo de 15 días, un plan de contingencia con medidas correctivas y metas trimestrales. El Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación será responsable de monitorear el cumplimiento de estos objetivos y la recuperación operativa de las organizaciones.
Con estas dos incorporaciones, ya suman 14 las obras sociales declaradas en crisis, mientras que otras siete están en proceso de baja y ocho bajo intervención. Además, la autoridad sanitaria dispuso el cierre de la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la eliminación del Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud de la Obra Social del Personal Aduanero, ambas por irregularidades administrativas y falta de prestaciones activas.
El proceso de supervisión y saneamiento se extiende a entidades de diferentes ramas y localizaciones, incluyendo recientes intervenciones en obras sociales vinculadas a los hipódromos de Buenos Aires y San Isidro. El seguimiento de la situación implica la revisión de indicadores económicos, capacidad de repago y grado de dependencia de subsidios estatales.
Desde la Superintendencia, se reiteró que la política general es robustecer los mecanismos de fiscalización y supervisión, y garantizar el acceso efectivo de la población a prestaciones sanitarias. "La gestión de la S.S. Salud tiene como principal objetivo fortalecer el rol fiscalizador del organismo para así garantizar un sistema de salud sustentable que permita el acceso a prestaciones de calidad para la población", señaló el organismo en un comunicado. El sector de taxistas de Córdoba, uno de los más afectados, manifestó preocupación por el impacto de la medida en sus prestaciones de salud, mientras que las entidades involucradas pueden presentar recursos de reconsideración ante la resolución.
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