La caída en desgracia de Santiago Caputo hiere las chances de un "arreglo pragmático" al conflicto universitario
• Paro universitario nacional por salarios y financiamiento • Docentes y estudiantes exigen cumplimiento de la ley • Protestas y marchas en Rosario, Córdoba y La Plata • Gobierno negocia cambios en el Congreso #Universidades #Argentina


El conflicto universitario en Argentina alcanzó un nuevo pico de tensión esta semana, con un paro nacional docente que paralizó las actividades en universidades públicas de todo el país. La medida, impulsada por gremios docentes y respaldada por estudiantes, responde a la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, vigente pero no implementada por el gobierno de Javier Milei.
En ciudades como Rosario, Córdoba y La Plata, la protesta se hizo visible a través de clases públicas, cortes de calle y marchas multitudinarias. En Rosario, el 65% de los docentes de la Universidad Nacional percibe salarios de apenas $250.000 mensuales, cifra que representa una quinta parte de la canasta básica para una familia tipo. "Deberíamos tener un sistema universitario robusto con docentes que puedan vivir dignamente de sus salarios", expresó Federico Gayoso, secretario general de Coad.
El conflicto se agravó luego de que el Ejecutivo presentara en el Congreso un nuevo proyecto de ley que recorta partidas presupuestarias y propone aumentos salariales insuficientes, lo que generó el rechazo de rectores, sindicatos y la comunidad universitaria. El Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires ratificaron su demanda de cumplimiento de la ley vigente y declararon la emergencia en hospitales universitarios.
La ley, aprobada y ratificada por el Congreso tras movilizaciones históricas, fue vetada por el presidente y, aunque el veto fue revertido, el gobierno no la aplica. El conflicto se judicializó y existen fallos a favor de las universidades, aún no acatados por el Ejecutivo.
Mientras el gobierno negocia en el Congreso con distintos bloques políticos, la comunidad universitaria advierte sobre el riesgo de desfinanciamiento y privatización del sistema. Gremios y estudiantes impulsan nuevas medidas de fuerza y asambleas, exigiendo una solución que garantice salarios dignos y el funcionamiento pleno de las universidades públicas. El desenlace del conflicto dependerá de la capacidad de negociación política y de la presión social ejercida desde las aulas y las calles.
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