El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un desembolso de 1.000 millones de dólares para la Argentina, pero el informe técnico que acompañó la decisión expuso profundas diferencias con la estrategia económica del Gobierno. El staff report del organismo internacional destacó la necesidad de acelerar la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) y modernizar el INDEC, señalando deficiencias en la calidad y representatividad de los datos oficiales.

El FMI también cuestionó la política monetaria implementada por el Banco Central, especialmente el uso de tasas de interés negativas y el atraso cambiario, y reclamó una mayor independencia institucional. Según el organismo, la estrategia oficial resolvió problemas inmediatos, pero generó nuevas vulnerabilidades, como la presión sobre el dólar y la debilidad estructural de la demanda de pesos. Además, el informe reveló la existencia de un déficit fiscal oculto del 0,8% del PBI, producto de la contabilización de intereses de bonos cupón cero "debajo de la línea".

El Gobierno, por su parte, defendió su enfoque gradualista y rechazó la urgencia de algunas reformas sugeridas por el Fondo, como la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la actualización inmediata del IPC. Las autoridades sostienen que la inflación podría llegar a un dígito antes de 2028 y que la dependencia de financiamiento externo es temporal, mientras que el FMI advierte sobre la fragilidad de las reservas y la falta de acceso sostenido a los mercados internacionales.

El informe del FMI también puso el foco en los riesgos políticos y sociales de cara a las elecciones presidenciales de 2027, señalando que la incertidumbre electoral podría afectar la estabilidad financiera y el impulso reformista. El organismo condicionó su apoyo a la continuidad de las reformas estructurales, incluyendo la reducción de subsidios, la reforma previsional y la apertura comercial. Analistas locales interpretan el respaldo del FMI como un espaldarazo político al presidente Javier Milei, pero advierten sobre el impacto social de los ajustes y la creciente tutela externa sobre la política económica argentina.

En este contexto, la relación entre el Gobierno y el FMI se mantiene tensa, con diferencias sobre la velocidad y profundidad de las reformas, mientras la economía argentina sigue dependiendo del financiamiento y la validación internacional para sostener su programa de estabilización.