El supermercado mayorista Yaguar cerró sorpresivamente su sucursal en Bahía Blanca, dejando a 60 familias sin empleo y generando preocupación en la comunidad local. La decisión, comunicada a los empleados el domingo previo al cierre, fue atribuida por la empresa al mal estado de la ruta nacional 33 y la paralización de la obra Paso Urbano, factores que dificultaron el acceso de clientes y precipitaron la caída de ventas.

Según declaraciones de representantes gremiales y empleados, la situación de la ruta y la obra inconclusa fue determinante en el derrumbe de la actividad comercial. Raúl Oviedo, secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio, señaló: “Bajaron mucho las ventas porque el Cholo es un desastre, no entra nadie. Nos costó llegar a nosotros también”. El dirigente remarcó que el acceso deteriorado fue clave en el desplome del movimiento y expresó su preocupación por el impacto social del cierre, especialmente cerca de fin de año.

La obra Paso Urbano, considerada estratégica para la logística de Bahía Blanca y la región, está paralizada desde octubre de 2024 debido a retrasos en los pagos estatales. El proyecto, con una inversión superior a 17.000 millones de pesos, contemplaba la construcción de puentes, calles colectoras y mejoras viales, pero solo alcanzó el 44% de avance. El conflicto político sobre la responsabilidad del abandono involucra a gobiernos nacionales anteriores y actuales, con la diputada Karina Banfi reclamando públicamente la inclusión de la obra en el presupuesto 2026.

Los empleados recibieron telegramas de despido y la empresa garantizó el pago de indemnizaciones conforme a la ley. Sin embargo, el gremio insiste en la necesidad de consideración humana y no descarta acompañar a Yaguar en una eventual demanda judicial contra el Estado por daños y perjuicios derivados de la obra paralizada.

El cierre de Yaguar se suma a una serie de despidos en otras cadenas locales, como Chango Mas y Vea, en el marco de una crisis de consumo masivo que se profundizó desde el inicio del gobierno de Javier Milei. El caso pone en evidencia la importancia de la infraestructura vial para la actividad comercial y el impacto de la obra pública en el desarrollo regional, mientras sindicatos y políticos locales exigen soluciones urgentes y la reactivación de proyectos estratégicos.