A pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei enfrenta una crisis política de gran magnitud, marcada por denuncias de corrupción, filtración de audios y tensiones internas. El escándalo de supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a Karina Milei y Lule Menem, ha motivado investigaciones judiciales y la intervención de organizaciones como la Fundación Poder Ciudadano, que solicitó ser parte querellante en la causa. La difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia generó una medida cautelar del juez Alejandro Maraniello, quien prohibió su publicación, decisión que fue ampliamente criticada por especialistas y actores políticos por considerarla inconstitucional y un ataque a la libertad de prensa.

En respuesta, el gobierno presentó denuncias penales y solicitó allanamientos a periodistas y canales de streaming, lo que derivó en nuevas denuncias por abuso de autoridad contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La oposición, por su parte, busca rechazar el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad y modificar la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia, mientras avanza en pedidos de informes y la conformación de comisiones investigadoras sobre el caso de coimas y otros escándalos recientes.

La crisis política se desarrolla en un contexto de alta volatilidad económica, con el dólar alcanzando nuevos máximos y el gobierno obligado a intervenir en el mercado cambiario para frenar la suba. Internamente, el oficialismo enfrenta cuestionamientos sobre su estrategia electoral y la gestión de la campaña, con tensiones entre Javier y Karina Milei y la cancelación de actividades públicas en medio del escándalo. La expectativa de participación electoral es baja, lo que preocupa al gobierno ante la posibilidad de un revés en las urnas.

Las reacciones de la oposición y organizaciones civiles han sido contundentes, denunciando censura, persecución judicial y ataques a la libertad de prensa. Referentes políticos y periodistas advierten sobre el riesgo de autoritarismo y la judicialización de la política, mientras el oficialismo sostiene que existe una operación de inteligencia para desestabilizar al gobierno. El impacto electoral y económico de la crisis es incierto, pero la situación ha puesto en evidencia la fragilidad institucional y la polarización política en la antesala de los comicios bonaerenses.