El presidente Javier Milei reavivó el debate internacional sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) al responder públicamente al historiador Yuval Noah Harari, quien expresó su preocupación por el proyecto argentino de otorgar personería jurídica a empresas gestionadas exclusivamente por IA. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca crear un marco legal para las llamadas "sociedades automatizadas", capaces de operar sin intervención humana directa.

En su respuesta, Milei argumentó que conceder personalidad jurídica a las empresas de IA no significa desencadenar escenarios distópicos, como los temidos por Harari, sino que representa una oportunidad para fomentar la innovación y canalizar la creatividad dentro del marco de la ley. El mandatario citó antecedentes históricos y defendió la responsabilidad limitada como un instrumento probado en el derecho comercial, asegurando que las empresas de IA estarían sujetas al Estado de derecho igual que cualquier otra sociedad convencional.

Harari, por su parte, advirtió que la autonomía legal de la IA podría permitirle acceder a sistemas financieros, económicos y políticos sin control humano, lo que plantea riesgos inéditos para la democracia y la economía. El historiador alertó sobre la posibilidad de que los países que adopten este modelo se conviertan en "Estados IA", donde la toma de decisiones escape al control ciudadano.

El proyecto de ley se enmarca en la discusión del "Súper RIGI", un régimen de incentivos para inversiones tecnológicas que busca posicionar a Buenos Aires como un polo regional de IA. El gobierno argentino sostiene que la medida atraerá grandes inversiones y transformará el modelo productivo, mientras que críticos advierten sobre la falta de salvaguardas, la responsabilidad limitada ante daños causados por IA y el riesgo de profundizar la dependencia tecnológica y la precarización laboral.

El debate ha generado posturas encontradas entre quienes ven en la iniciativa una oportunidad histórica para el desarrollo y quienes alertan sobre la concentración de poder y la pérdida de control democrático. Analistas y especialistas coinciden en la necesidad de un debate público más amplio y de mayores controles para evitar consecuencias no deseadas en el futuro.