La empresa Aires del Sur (ADS), dedicada a la fabricación de equipos de aire acondicionado bajo las marcas Electra y Fedders, solicitó su quiebra ante la Justicia el 25 de febrero de 2026. El pedido fue firmado por el presidente Roberto Ángel Ceretti, quien asumió la conducción en noviembre de 2025. Según el escrito judicial, la compañía enfrenta una cesación de pagos irreversible, producto de una estructura financiera deteriorada y un modelo de autofinanciación con costos superiores a los márgenes operativos.

La crisis se agravó tras el fracaso de un plan de continuidad productiva y la imposibilidad de concretar una asociación estratégica con el grupo chino Chigo, que condicionó su inversión a futuras evaluaciones. La empresa carece de capital de trabajo, no puede afrontar salarios vencidos ni indemnizaciones, y puso a disposición del proceso judicial sus principales activos: la planta industrial en Río Grande, valuada en más de USD 15 millones, y 4.000 kits de producción en el puerto de Buenos Aires.

En paralelo, los 140 trabajadores de ADS fueron desvinculados y mantienen ocupada la planta, exigiendo respuestas sobre el pago de salarios y la continuidad laboral. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Asimra lideran las protestas, mientras el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó la falta de contacto directo con los dueños de la empresa.

El caso de ADS refleja una crisis más amplia en la industria fueguina, afectada por la apertura de importaciones, la caída del consumo y el vencimiento próximo de medidas antidumping para equipos de aire acondicionado. Desde 2023, la provincia perdió más de 9.500 empleos industriales y cerró 256 empresas, según datos del CEPA. El régimen de promoción industrial, que durante años sostuvo la producción local, atraviesa una etapa de redefinición, obligando a las empresas a recalcular sus estrategias.

La situación de ADS y otras fábricas anticipa una posible ola de cierres y despidos en el sector electrónico y textil, generando preocupación entre trabajadores, sindicatos y autoridades provinciales. El futuro de la industria en Tierra del Fuego permanece incierto, mientras se intensifican los reclamos por soluciones y protección del empleo.