José Luis Espert, diputado nacional por La Libertad Avanza, se pronunció públicamente para negar cualquier vínculo directo con Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en medio de un escándalo por presuntos pedidos de sobornos que involucran a altos funcionarios del gobierno. La controversia estalló tras la filtración de audios en los que Spagnuolo menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

En declaraciones televisivas, Espert afirmó: "Es parte de una operación que yo le enchufé a Javier Milei a Spagnuolo; es mentira". El legislador sostuvo que quienes lo acusan buscan instalar una versión malintencionada y que nunca tuvo un vínculo estrecho con el exfuncionario. Además, advirtió que Spagnuolo podría estar comprometido por no haber denunciado irregularidades durante su gestión, señalando: "Tendrá que justificarlo ante la Justicia".

El caso tomó relevancia luego de que Spagnuolo renunciara a su cargo tras la difusión de los audios, que habrían sido grabados entre julio de 2024 y marzo de 2025. Según registros oficiales, Spagnuolo mantuvo una relación cercana con el Ejecutivo, visitando la Casa Rosada y la Quinta de Olivos en numerosas ocasiones. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que Spagnuolo participaba en actividades privadas junto al presidente Milei.

Paralelamente, se difundieron audios atribuidos a Karina Milei, en los que se solicita cohesión interna en La Libertad Avanza. Espert consideró que estas filtraciones forman parte de una "advertencia mafiosa" y exigió una investigación judicial. "Hay operaciones para que a este gobierno le vaya mal y para que la Argentina siga siendo miserable. Quienes hacen denuncias deberán sostenerlas ante la Justicia", remarcó.

El escándalo se produce en la antesala de las elecciones legislativas, intensificando la polarización política. Espert instó a la ciudadanía a participar en los comicios como vía para fortalecer la democracia y mejorar la gestión pública. El oficialismo, por su parte, reclama transparencia y que las denuncias sean debidamente investigadas por la Justicia, mientras la oposición observa con atención el desarrollo del caso y sus posibles repercusiones en la campaña electoral.