A 19 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, la ciudad de La Plata y el país recuerdan uno de los episodios más dolorosos de la democracia argentina. López, sobreviviente de los centros clandestinos de detención del denominado “Circuito Camps” y testigo clave en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, desapareció el 18 de septiembre de 2006 cuando se dirigía al Palacio Municipal para escuchar los alegatos finales del proceso judicial.

López, albañil y militante peronista, había sido secuestrado en 1976 durante la dictadura militar y sometido a torturas en varios centros clandestinos. Su testimonio ante el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata en 2006 fue decisivo para la condena de Etchecolatz, a quien señaló como responsable directo de asesinatos y tormentos. “Patricia le gritaba ‘¡No me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, mi hija!’”, relató López sobre una de sus compañeras asesinadas, en una declaración que conmovió al tribunal.

La mañana de su desaparición, López fue visto por última vez en el barrio Los Hornos, cerca de su casa. Las primeras horas estuvieron marcadas por la confusión, pero pronto se descartó la posibilidad de un accidente o desorientación. Testigos lo vieron caminar por la zona, pero su rastro se perdió abruptamente. Desde entonces, su paradero es desconocido y la investigación judicial permanece estancada, caratulada como “presunta desaparición forzada de persona”.

El caso de López se convirtió en símbolo de la lucha por memoria, verdad y justicia. Organizaciones sociales, de derechos humanos y familiares continúan reclamando la apertura de archivos de la dictadura y el avance de la causa. En 2014, durante la lectura de una condena a prisión perpetua, Etchecolatz desplegó un papel con el nombre de López, gesto que fue interpretado como una amenaza o confesión, pero nunca esclarecido.

La desaparición de López en democracia expone la persistencia de la impunidad y la vulnerabilidad de los testigos en juicios de lesa humanidad. El Gobierno mantiene una recompensa de $5.000.000 por información sobre su paradero. A 19 años, la sociedad argentina sigue movilizándose y exigiendo justicia, mientras la causa permanece sin resolución y el reclamo por memoria, verdad y justicia se mantiene vigente.