Más de 200 familias del barrio Quintas Dos, en Tafí Viejo, provincia de Tucumán, atraviesan una situación de extrema incertidumbre ante la posibilidad de perder sus viviendas. El conflicto surge a raíz de graves irregularidades financieras detectadas en el fideicomiso Los Pocitos, responsable del desarrollo inmobiliario iniciado en 2015 y que abarca 391 lotes, de los cuales la mitad ya están habitados.

Según denuncian los vecinos, el fideicomiso emitió cheques sin fondos por más de 70 millones de pesos, lo que derivó en demandas de embargo sobre el terreno general donde se asientan las casas. "Compramos de buena fe. Vivimos acá, construimos nuestras casas, criamos a nuestros hijos. Y ahora corremos el riesgo de perder todo", expresó Marcos Íñigo, representante de los residentes, en declaraciones a medios locales.

La principal preocupación radica en que las acciones judiciales no se dirigen contra los bienes personales de los desarrolladores, sino contra la propiedad colectiva del barrio. Si la justicia falla a favor de los acreedores, el predio podría ser rematado, dejando a las familias sin hogar.

El proceso de escrituración, clave para garantizar la titularidad legal de los lotes, está frenado por la falta de finalización de obras de infraestructura. Aunque se han realizado avances en pavimento y cloacas, aún restan aprobaciones técnicas para el servicio de agua potable, la obra de gas natural y la finalización del pórtico de ingreso. Sin estas certificaciones y la cancelación de las deudas, los vecinos no pueden acceder a las escrituras ni conformar formalmente el consorcio del barrio.

La urgencia se acentúa por el vencimiento del contrato del fideicomiso, previsto para diciembre de 2026. Si para esa fecha no se regulariza la situación, la figura jurídica se disolvería y la propiedad del terreno volvería a manos de la sucesión de la familia Parra, dejando a los residentes en un "limbo legal".

Los vecinos, que aseguran haber invertido los ahorros de su vida en la compra de los lotes, exigen una intervención urgente para evitar que una disputa financiera privada termine en un drama social. "Lo único que pedimos son nuestras escrituras. Queremos seguridad para nuestras familias", reclamaron públicamente.

El caso pone en evidencia los riesgos de los desarrollos urbanos sin habilitación definitiva y la necesidad de mayores controles sobre los fideicomisos inmobiliarios. Mientras tanto, la comunidad de Quintas Dos espera una solución que les permita consolidar su derecho a la vivienda y evitar el desalojo.