Un grave caso de abuso infantil sacudió a la provincia de Chaco cuando una niña de 12 años dio a luz en el Hospital Perrando el pasado 26 de abril. La menor ingresó al centro de salud con dolores abdominales y, tras una ecografía, los médicos detectaron un embarazo avanzado. Ante signos de sufrimiento fetal, el equipo médico decidió realizar una cesárea de urgencia para resguardar la salud de la niña y del recién nacido.

La directora del hospital, Andrea Mayol, explicó que la paciente no contaba con controles prenatales y que, al detectar la situación, se activó el protocolo de protección infantil. "Teníamos que asegurar el resguardo de los dos menores y evaluar el contexto", señaló Mayol. El personal de salud realizó la denuncia correspondiente, cumpliendo con la normativa que considera presunta víctima de abuso a toda niña embarazada menor de 14 años.

La investigación judicial avanzó rápidamente. La fiscalía ordenó la detención de la madre de la menor bajo la figura de encubrimiento agravado y, posteriormente, la de un hombre de 44 años del entorno familiar, acusado de abuso sexual con acceso carnal. El Equipo Fiscal N°6 destacó la coordinación entre la fiscalía, los hospitales y la policía, lo que permitió esclarecer el hecho y detener a los sospechosos en menos de una semana.

Mientras tanto, la niña permanece internada bajo atención médica y la protección de organismos estatales. Las autoridades continúan con la recopilación de pruebas y declaraciones para determinar las responsabilidades penales de los implicados. El caso ha generado conmoción en la sociedad chaqueña y reavivó el debate sobre la protección de la infancia y la necesidad de actuar con sensibilidad y responsabilidad en la cobertura mediática de estos hechos.

La legislación argentina establece la intervención judicial automática en casos de embarazo en menores de 14 años, presumiendo la existencia de abuso. Las instituciones involucradas han solicitado a los medios y a la sociedad evitar la difusión de datos que puedan afectar la intimidad y dignidad de la víctima, priorizando su protección integral. El proceso judicial sigue en curso y se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas en la causa.