El Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen dictó un fallo que marca un precedente en la provincia de Buenos Aires al anular total o parcialmente el cobro de la tasa de mantenimiento de la red vial de la Municipalidad de Daireaux. La resolución, firmada por el juez Pablo Cristian Germain, responde a una demanda presentada por un grupo de productores rurales que denunciaron el desvío de fondos y la falta de prestación efectiva del servicio por el que se cobra la tasa.

Según la sentencia, se comprobó que en los años 2022 y 2023 el municipio desvió el 22,95% y el 27,88% respectivamente de los fondos recaudados por la tasa hacia gastos ajenos al mantenimiento vial. Además, un informe de ingeniería determinó que el 96% de la red vial analizada presenta deficiencias graves, como acumulación de agua y ahuellamientos, lo que afecta la transitabilidad y limita la actividad productiva local.

El fallo ordena la reliquidación de lo cobrado y la devolución de los montos indebidos a los productores afectados. Para uno de los demandantes, donde se comprobó la inexistencia total de mantenimiento, se dispuso la nulidad completa de la tasa. Para otros tres, se mantuvo parcialmente el cobro, pero con una reducción proporcional a los fondos desviados. El juez subrayó que la carga de probar la prestación del servicio recae sobre el municipio y no sobre los contribuyentes.

El abogado de los productores, Jorge Moroni, calificó la decisión como un "hito histórico" y destacó que el fallo consolida un criterio sobre la exigibilidad de este tipo de tributos. Sin embargo, anticipó que el proceso continuará en instancia de apelación, especialmente respecto a la valoración técnica del estado de los caminos. El exintendente Esteban Acerbo, firmante de los actos administrativos anulados, fue señalado en la resolución judicial.

Este caso se suma a otros juicios en trámite y reaviva el debate sobre la transparencia y el destino de los fondos municipales, en un contexto donde la prestación de servicios públicos es un reclamo constante del sector productivo. La sentencia podría sentar jurisprudencia para situaciones similares en otros municipios bonaerenses.